El magistrado Francisco José Goyena, instructor del Tribunal Superior Justicia de Madrid (TSJM), enviado al Tribunal Supremo la causa por presunta revelación de secretos en el procedimiento por fraude fiscal contra Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, al apreciar indicios de delito en la actuación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
García Ortiz asumió la responsabilidad última de la nota informativa que difundió la Fiscalía Provincial de Madrid para aclarar el estado de la denuncia que presentaron desde la Sección de Delitos Económicos contra González Amador por un delito contra la Hacienda Pública -después de que les llegase una de la Agencia Tributaria- en relación a unos facturas supuestamente falsas.
También se pretendía aclarar desde el Ministerio Público madrileño las conversaciones que estaban manteniendo con su defensa a fin de llegar a un acuerdo de conformidad.
Como señala ahora el aún instructor en el auto que pide elevar al asunto al Supremo al ser el fiscal general aforado en este tribunal por el cargo que ostenta, la difusión de dicha información “no se corresponde con la alegada finalidad que apunta el Ministerio Fiscal” -aclarar las informaciones en prensa sobre la denuncia contra Amador- y excede en su contenido “lo que aparece divulgado en la prensa” -que es lo que alegaban desde Fiscalía para negar la acusación de revelación de secretos-.
Por tanto, expone el juez, supuso el comunicado “la divulgación de datos e información que no puede ser revelada a terceros” -por ser privada y estar, por ello, reservado su acceso- y pudiendo haber perjudicado a González Amador y al “interés colectivo” que constituye en la legislación el derecho de defensa.
Estas diligencias practicadas contra la fiscal jefe de la provincia de Madrid, Pilar Rodríguez, y el de la especial de delitos económicos Julián Salto, nacieron con la admisión a tramite de la querellante presentó la pareja de Ayuso por la información privada que, considera y ahora el magistrado refrenda, difundieron de él.
La actuación ya salpica, con todo ello, al fiscal general del Estado, que tendrá que esperar si el TS admite incoar una investigación judicial contra él por una posible revelación de secretos.
Archivan desde el Alto Tribunal de Madrid las diligencias contra el fiscal económico Julián Salto, al quedar demostrado, tal y como figura en el auto, que la acción compartir esta cuestionada nota informativa que se remitió a los medios de comunicación “excedió el ámbito de decisión de la Fiscalía provincial” y la elaboración (por Salto) fue “meramente instrumental”.
Para el magistrado Goyena, en base a las declaraciones que le tomó a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y el escrito haciéndose cargo de la autoría, la nota “contó con el explícito consentimiento e indicaciones, incluso apremio, de la Fiscalía General del Estado que encabeza García Ortiz.
