Todavía no se ha terminado la temporada del virus del Nilo Occidental (VNO) y el brote de este verano ya es el más grave desde que este virus empezó a circular por España a principios de los 2000. Durante dos décadas, apenas se notificaron una decena de casos. La incidencia era insignificante. Hasta que en 2020 se produjo un boom. Aquel año, se notificaron 76 casos positivos y ocho víctimas mortales. Debido a la gravedad de la situación, la Junta de Andalucía puso en marcha un ambicioso plan de vigilancia de vectores y un programa de actuaciones en zonas de riesgo, verificando que los Ayuntamientos dispusieran de planes de actuación específicos.
El plan de la Junta funcionó los años posteriores: en 2021 apenas se contabilizaron seis casos en Andalucía, en 2022 solo dos y en 2023 otros dos. Entonces, ¿qué ha pasado este año para un repunte tan espectacular? Según los informes de la Consejería de Salud, hasta la fecha se han notificado más de 80 infecciones, la inmensa mayoría en la provincia de Sevilla, aunque se han reportado casos también en Jaén, Córdoba, Cádiz, Huelva y Málaga. En cuanto a los fallecidos, en Andalucía el virus del Nilo se ha cobrado ocho muertes y en la comunidad extremeña, una.
En primavera, los expertos ya auguraron que el virus del Nilo podría azotar con más fuerza que en otras temporadas, debido a un invierno muy suave y a las lluvias caídas en Semana Santa. No obstante, ni la Junta ni muchos ayuntamientos previeron un escenario tan catastrófico. Cuando el contador de casos empezó a subir, la Diputación de Sevilla culpó al Ejecutivo autonómico de lavarse las manos y de dejar toda la responsabilidad en manos de los municipios. Por ello, la Diputación de Sevilla recurrió judicialmente el plan de vigilancia y control de la Junta ya que «es un problema de salud pública» para el que los Ayuntamientos «no tienen capacidad económica ni jurídica», apuntaron desde la entidad supramunicipal.
La Junta respondió atacando. Culpó a la diputación presidida por Javier Fernández (PSOE) de no haber actuado precozmente, como sí hicieron las diputaciones de Huelva y Cádiz, que empezaron a fumigar en marzo.
En todo caso, desde Salud se comprometieron recientemente a reforzar de cara a la próxima temporada las actuaciones contra el virus del Nilo. La nueva consejera del ramo, Rocío Hernández Soto, se estrenó en el Parlamento con este asunto, que ha generado una gran polémica durante el verano. Los vecinos de los pueblos afectados, ante «la inacción de las instituciones», constituyeron una plataforma para pedir un mayor refuerzo contra este virus, que no solo estaba complicando el día a día de los municipios, si no que estaba causando ya demasiadas muertes. En los meses de verano se han manifestado hasta en tres ocasiones para pedir más implicación de todas las autoridades y también mayor apoyo al desarrollo de una vacuna. Por el momento, no existe ni vacuna ni tratamiento contra el VNO en humanos, aunque el investigador español del IrsiCaixa, Jorge Carrillo, cree que podrá haber un prototipo en unos cuatro años.
La presión social y de la oposición obligó a la nueva consejera a dar cuenta en el parlamento andaluz de las actuaciones llevadas a cabo por la Junta y a prometer nuevas actuaciones de cara al verano que viene. Mientras, los ecologistas, advierten de la necesidad de que la Junta cuente con un comité de apoyo formado por expertos en la materia y con capacidad para ayudar técnicamente a los municipios. Sobre las medidas actuales, insisten que la fumigación debe ser una herramienta que se use de forma extraordinaria, teniendo en cuenta que los mosquitos generan resistencia a los pesticidas. Apuestan, en su lugar, por fomentar la guerra biológica, sobre todo en marismas y arrozales, aumentando la presencia de especies depredadoras de mosquitos, como golondrinas, vencejos y murciélagos.
