Un día después de que la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, soltara la “bomba” de que quiere abordar una reforma sobre altas y bajas en la incapacidad temporal -que provocó las dudas en los sindicatos y el rechazo de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz- ha defendido su propuesta. Lo ha hecho en los micrófonos de Onda Cero, en el programa de Carlos Alsina “Más de uno”, en los que ha asegurado que el debate sobre las bajas laborales solo “busca ampliar derechos” y que está en una “fase inicial” en la que se escuchará a los agentes sociales y otros expertos para intentar adaptar la incapacidad temporal a las nuevas realidades sociales y laborales.
La ministra de Seguridad Social planteó su intención de abordar una reforma de la incapacidad temporal para dar más flexibilidad en algunos supuestos que permitan incorporarse a la actividad laboral de forma voluntaria por parte del trabajador, lo que levantó el rechazo frontal de Díaz, que en sus redes sociales espetó casi inmediatamente que “solo hay una razón detrás de la incapacidad temporal: proteger la salud de las personas trabajadoras. No hay más opciones ni razones. Ni flexibilidad, ni parcialidad, con la salud no se juega”.
Saiz, con serenidad, se ha mostrado conciliadora al recalcar que “la salud de los trabajadores está en el epicentro, eso es irrenunciable”, y ha insistido en que cualquier cambio será con la voluntariedad del trabajador analizando cada caso y con supervisión médica. “No es una cuestión económica, es ampliar derechos y avanzar en justicia social”. Sin embargo, ha querido dejar claro que en esta reforma las competencias son de su Ministerio, aunque buscará el consenso con todas las partes. “Es una cuestión que está en el ámbito de la Seguridad Social, no de Trabajo, pero por supuesto se puede y se va dialogar sobre ellos con todos lo que quieran aportar sus propuestas”.
La ministra ha incidido en este no es un debate que haya surgido de forma espontánea. “En mi día a día en el Ministerio, en diversos encuentros, reuniones, con diferentes colectivos, con ciudadanía, con asociaciones, con empresarios y, por supuesto, también con colectivos y con trabajadores, esto es una cuestión recurrente. Es poner encima de la mesa este debate para analizarlo y, además, ponerlo encima de la mesa en un lugar donde esperamos que va a estar representada toda la sociedad, que son las mesas del diálogo social, y también, incluso, con expertos que puedan incorporarse”, ha afirmado. “Habrá que ver caso por caso. Pero, indudablemente, para eso la política tiene un papel fundamental. Por eso me parece que, con total sensibilidad, con total prudencia y con total sosiego, que se ponga encima de la mesa esta cuestión”, en un claro mensaje a la titular de Trabajo.
Pese a que ha reconocido que cualquier reforma en esta cuestión es “delicada”, quiere apostar por el consenso en las mesas de diálogo social, que es dónde debe ir “en la buena dirección” y ha apuntando en otro mensaje solapado a Díaz que este “es un debate en una fase muy inicial que el Ministerio, con las competencias que tiene, ha puesto encima de la mesa para que los agentes sociales lo aborden y lo analicen y, si hubiera consenso, realizar modificaciones legales”, que a su vez necesitarían el apoyo de las Cámaras, ha señalado. “Este es un tema que está en las conversaciones, que está en la situación, que está en el día a día de trabajadores y también de empresas y, por eso, es acertado ponerlo encima de la mesa para con total prudencia y sosiego analizarlo y evaluar e ir dando pasos en esta cuestión”.
El año pasado se concedieron en España más 8,1 millones de bajas por enfermedades y accidentes no laborales, un 11,3% más que el año anterior, y representaron un impacto para las empresas de 25.326 millones, un aumento del 17,65 % respecto a 2022, según los datos del último informe del absentismo laboral de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT). En los cinco últimos años, el coste de la incapacidad temporal por contingencias comunes ha aumentado un 73,9%, algo que responde al incremento de los procesos de baja, pero también al crecimiento generalizado de los salarios y de la población protegida consecuencia de la mejora del empleo. Del impacto total derivado de estos procesos el pasado año, 13.081 millones (16,2 % más) respondieron a las prestaciones de la Seguridad Social, mientras que 12.245 millones (19,26 % más) fueron el coste directo para las empresas.
Para abordar esta situación, Saiz ha anunciado que en la mesa estarán representados los sindicatos y la patronal y también se puede contar con expertos para abordar esta cuestión “de una manera muy prudente, muy sensata, porque en el centro está la salud de los trabajadores”.
