La Ley del solo sí es sí y la derogación bilduetarra de la Ley de Seguridad Ciudadana son dos de los principales referentes legislativos de la degradación a la que el sanchismo ha sometido el estado de derecho. Hallar iniciativas similares en cualquier democracia plena es imposible. No existen, porque ninguna administración con un mínimo sentido de la dignidad y la justicia habría cometido barbaridades de ese calado, en las que se ha supeditado el interés general al de unos pocos en una práctica de corrupción política sin parangón en el ámbito europeo. La sociedad en pleno será la damnificada por ese nuevo marco de inseguridad contra los ciudadanos que ha impuesto el brazo político de ETA con la complicidad del Gobierno de la nación, que de nuevo ha esquivado su deber de preservar los derechos fundamentales gracias a un marco regulatorio que los desprotege. De entre todos los españoles, los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado han sido especialmente agraviados y maltratados no solo en virtud de este acuerdo instigado por los albaceas de los asesinos de sus compañeros, sino por el desempeño de una administración que nunca los ha guardado el respeto y la consideración para los que han hecho sobrados merecimientos. Este ataque a los agentes es una guinda amarga y particularmente nauseabunda por la vileza de la mano que la promueve, aderezada por la desatención, el desamparo y el olvido hacia miles de profesionales y sus familias que han marcado la política de Grande-Marlaska y Pedro Sánchez. Se ha fallado miserablemente a quienes velan con sacrificio y lealtad por la seguridad y la libertad de los españoles y se ha hecho por la espalda, sin la mínima consulta. Aún más deplorable es que el sanchismo, la izquierda en pleno, haya hecho suya la narrativa de ETA y sus acólitos sobre una Policía y una Guardia Civil a los que se ha difamado y calumniado para justificarlo todo. Solo los delincuentes y aquellos que aspiran a serlo contra el orden público y la libertad de los demás necesitaban una ley que pone en riesgo la integridad y la seguridad jurídica de todos esos uniformados que se juegan la vida para que los demás disfrutemos de la nuestra. Es lógico que quienes han practicado y alentado el terrorismo callejero o el vandalismo antisistema bastardeen las instituciones y los poderes públicos. Resulta innoble el colaboracionismo de un gobierno en tales aberraciones para prorrogar su poder. No existía vacío legislativo para cualquier exceso o arbitrariedad. Una democracia virtuosa y garantista se conduciría en un sentido contrario, con respaldo activo a sus fuerzas de seguridad y contra aquellos que las amenazan y que constituyen un peligro para la convivencia. Iniciativas como la del grupo Popular para la creación de una fiscalía especial sobre delitos contra policías y guardias civiles mandan el mensaje de integridad que cabe exigir de un estado de derecho. A diferencia del Gobierno, los agentes saben que cuentan con el respeto y la admiración de los españoles.
