Un buen amigo me decía que todo el mundo tiene un precio. Quiero pensar que se equivocaba con este cínico comentario sobre la condición humana. Sánchez necesita que Salvador Illa sea presidente del gobierno catalán y está dispuesto a todo o, para ser más preciso, a lo que pueda darles a cambio de comprar sus votos. La política sanchista es una especie de mercado en donde todo se compra y se vende. Los independentistas le han tomado la medida al inquilino de La Moncloa y a su obsesión de seguir a cualquier coste. Es verdad que la ausencia de principios y valores éticos hace muy fácil alcanzar acuerdos. Me recuerda a un conocido que se consideraba un gran abogado, porque no perdía un juicio. El secreto de su éxito es que le daba a la otra parte todo lo que quería. En ocasiones incluso más de lo que esperaban. Es un «genio» del Derecho que hubiera hecho carrera en este Gobierno.
Con respecto a ERC, el único problema que tiene Sánchez es encontrar un interlocutor que tenga capacidad de controlar este partido. En plena y convulsa guerra civil, en la que el objetivo es liquidar a Junqueras, es algo bastante complicado. Por supuesto, los independentistas tienen un precio, aunque lo pagamos los españoles. Les puede dar la recaudación de todos los impuestos y que contribuyan con lo que quieran. El resto de los españoles que paguen, que para eso están. Y si aprietan les concede un referéndum, aunque camuflado. No tienen más que pedir, porque lo único importante es Sánchez. Esta es la legislatura de las cesiones. El nivel que se ha alcanzado era inimaginable, pero, desgraciadamente, es lo que hay. Con el Poder Judicial hemos tenido la inmensa fortuna de contar con el paraguas de la Unión Europea, porque Sánchez hubiera preferido imponer una reforma unilateral para controlar al Consejo General del Poder Judicial. Es ese inquietante proyecto de contar con unos jueces sometidos al Congreso de los Diputados y a lo que llaman una mayoría social. Es decir, clonar a Conde-Pumpido y su aguerrida cohorte de pretorianas y pretorianos con los que controla el Tribunal Constitucional. La sediciosa oposición y la fachosfera judicial entenderían, con meridiana claridad, que no hay otra democracia que la democracia sanchista.
Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).
