España no ocupa los peores puestos en libertad educativa pero necesita mejorar. Lo constata el informe Oidel, realizado en colaboración con la UNIR, que destaca diferencias significativas en la protección de esta libertad en diversas regiones del mundo. España, en este contexto, se encuentra en una posición intermedia dentro del continente europeo, donde el reconocimiento de la libertad de enseñanza es mucho más robusta en comparación con otras partes del mundo, como África del Norte o Asia Occidental. España no se sitúa entre los países con las puntuaciones más altas en el índice, como Irlanda, Países Bajos y Bélgica, que lideran el ranking con 100, 92 y 88 puntos respectivamente.
En estos países, la libertad de enseñanza está plenamente reconocida y protegida tanto en el ámbito legal como en la práctica y representa un ejemplo de buenas prácticas. En contraste, las escuelas que no son públicas aún precisan de un mayor apoyo del Estado, especialmente en lo que afecta a su financiación, según recoge el informe. «Los Estados deben financiar tanto las escuelas gubernamentales como las no gubernamentales (…) Dado que el ejercicio del pluralismo es esencial para garantizar la educación como un derecho cultural, el Estado podría tener obligaciones positivas en lo que respecta a la financiación», reclama el informe. Así, España ocuparía el puesto 13 en la clasificación mundial en lo que afecta a la libertad de los padres para elegir el tipo de escuela que quieren para sus hijos. Y «los Estados no tienen motivos para privar a comunidades y padres de la libertad de enseñanza», aunque también matiza que el respeto a la libertad de los progenitores «no implica una obligación global para el Estado de financiar todas y cada una de las opciones educativas que estos puedan desear», añade. Un aspecto relevante del informe es que la libertad de enseñanza está reconocida a nivel internacional, y la mayoría de los países la consagran en sus constituciones. Sin embargo, seis naciones, entre ellas Cuba y Corea del Norte, «presentan restricciones significativas» en este aspecto. En Europa, la mayoría de los países, incluida España, permiten la existencia de escuelas privadas y reconocen, aunque con matices, el derecho de los padres a elegir la educación para sus hijos.
En términos de financiación pública para las escuelas subvencionadas, el 78 % de los países analizados proporcionan algún tipo de ayuda económica, aunque en muchos casos, como sucede en España, estas subvenciones no siempre son suficientes o están claramente definidas por la ley. Este tema ha sido especialmente relevante tras la pandemia, cuando las escuelas privadas o concertadas tuvieron que enfrentarse a mayores dificultades económicas, tal y como constata el informe.
A nivel mundial, la matriculación de alumnos en escuelas privadas o concertadas se mantiene, pese al discurso de que la educación se está convertido en un bien «privatizado». También hay más tolerancia al «homeschooling».
