Cuando el Gobierno se pone estupendo y afirma que la presión fiscal en España está por debajo de la media de la Unión Europea obvia circunstancias clave como las altas tasas de desempleo, que reparte los impuestos entre un número menor de trabajadores, y el hecho de que la estructura empresarial española se compone básicamente de pequeñas y medianas empresas, incapaces, al contrario que las grandes multinacionales, de encajar mayores costes sociales si no es por medio de las reducciones de personal y salarios o la renuncia a las costosas inversiones en las nuevas tecnologías.
Entendemos el interés de algunos de nuestros socios en Bruselas en la reducción de la brecha fiscal con España, que restará competitividad a nuestra economía, y comprendemos la pulsión recaudatoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que salda a base de mayor gasto público el apoyo parlamentario de sus socios de investidura, pero la confluencia de ambos propósitos puede ser demoledora para los bolsillos de empresas y trabajadores, cuyo esfuerzo fiscal normativo sí es muy superior al del resto de Europa.
Con Pedro Sánchez en La Moncloa, España ha ido superando ejercicio tras ejercicio la marca histórica de ingresos fiscales, sí, pero, a diferencia de lo que ocurre en la Comunidad de Madrid, no ha sido por el mejor desempeño económico, sino por el incremento de la presión impositiva –se han sucedido más de sesenta subidas de impuestos– que combinada con una inflación disparada y la adición de los fondos europeos hubiera permitido a un Ejecutivo sólido avanzar en el reequilibrio de las cuentas públicas.
Y, sin embargo, la realidad es que se ha disparado la deuda del Estado, la que pagarán nuestros hijos y nietos, es decir, gentes que el PSOE considera desdeñables porque no se encuentran en condiciones de ejercer el voto, y el déficit público está lejos de acomodarse a la recuperada regla de gasto de Bruselas, por no hablar de un sistema de Seguridad Social, las pensiones, absolutamente deficitario. En este sentido, que el presidente del Gobierno presuma con grandes alardes de que la «hucha de las pensiones» dispone de 9.000 millones de euros, que no llegan ni para pagar una nómina, explica una política económica sostenida en la propaganda más que en los hechos.
Desafortunadamente, la única vía eficaz para enderezar la situación, como es la reducción del desempleo merced al mayor dinamismo empresarial no se plantea en el próximo horizonte, ni siquiera dando por buenas unas estadísticas que escamotean de las listas del paro a centenares de miles de españoles con contratos fijos-discontinuos. Habrá, pues, nuevas subidas de impuestos que caerán sobre el conjunto de los trabajadores y sobre el ahorro de las familias. Porque «ricos» a los que exprimir aún más quedan muy pocos.
