Una de las principales reivindicaciones del movimiento obrero tras la Revolución Industrial fue la limitación de la jornada de trabajo. El objetivo se alcanzó en determinados sectores, pero los gobiernos se resistían a que la medida tuviera carácter estatal.
En el caso de España, ya en 1891 se había declarado una huelga para conseguir esas anheladas ocho horas, pero no fructificó. Sería otra huelga, la de la Canadiense convocada en Barcelona en 1919, la que lo conseguiría finalmente.
Esta huelga se prolongó durante 44 días y su balance resultó todo un éxito. Se lograron mejoras salariales, la readmisión de los despedidos y la firma del primer decreto en el Viejo Continente que comprometía al Gobierno a establecer una jornada máxima de ocho horas al día (o 48 a la semana).
La huelga contó con el apoyo de la CNT, que formó cajas de resistencia que recaudaron hasta 50.000 pesetas en una semana. El 13 de marzo llegaron a Barcelona el gobernador civil, Carlos Montañés, y el subsecretario de la presidencia, José Morete, que aceptaron las demandas de los huelguistas.
Temeroso de la oleada comunista que se cernía sobre Europa tras la revolución espartaquista de Berlín o el triunfo de la revolución bolchevique en Rusia, el presidente del Gobierno, el liberal conde de Romanones, accedió a las reclamaciones y, nada más firmar el Decreto, el 3 de abril fue cesado en el cargo y sustituido por el conservador Antonio Maura.
