La Unión Europea no puede ignorar por más tiempo el uso que se hace de sus fondos como parte de los acuerdos migratorios que ha firmado con terceros países. Una investigación de varios medios, entre ellos EL PAÍS, revela que Turquía ha creado una vasta red de centros de internamiento y deportación financiados con dinero europeo. Son centros donde se violan sistemáticamente los derechos de los extranjeros, se somete a los detenidos a todo tipo de abusos y se les retiene hacinados en condiciones insalubres. Finalmente, se les expulsa a países como Afganistán y Siria, que no ofrecen las mínimas garantías de seguridad. También se han documentado y denunciado detenciones masivas y traslados forzosos desde Marruecos, Mauritania y Túnez, con los que la UE tiene convenios similares.
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