El 75% de los menores de edad detenidos durante las protestas postelectorales en Venezuela ha sido excarcelado. Entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre, 86 adolescentes salieron de las celdas a donde fueron llevados después de ser apresados durante manifestaciones públicas, buscados posteriormente en sus casas al ser identificados en videos o encerrados por compartir contenidos en sus redes sociales o WhatsApp.
En total, la ONG Foro Penal estima que 114 menores de edad fueron detenidos por funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro, tras el anuncio de que el mandatario consiguió la reelección el 28 de julio y que la oposición califica como «fraude electoral».
Las 86 excarcelaciones de los jóvenes de entre 14 y 17 años de edad los dejó con restricciones penales, pues en ningún caso fueron liberados o exculpados por los jueces que atendieron sus expedientes. Previamente, en el estado Barinas, un adolescente había sido excarcelado tras sufrir una parálisis facial durante su reclusión.
Las medidas cautelares incluyen presentación periódica ante los juzgados, prohibición de salida del país y prohibición de hablar de su caso o lo vivido durante el encierro. A todos se les imputaron delitos de terrorismo y traición a la patria.
Del total de 86, 74 son hombres y 12 son mujeres. Las liberaciones han ocurrido en catorce de los 24 estados que tiene el país, incluido el Distrito Capital.
Las autoridades venezolanas hablaron en su momento del arresto de 2.400 personas por supuestas acciones violentas. Foro Penal ha certificado como «presos políticos» a 1.581 de esos casos. Las manifestaciones también dejaron 27 muertos y 192 heridos.
«Lo que ha hecho este régimen no tiene precedente en Venezuela. Maduro secuestra niños; ha violado sus derechos y su dignidad, separándolos de sus familias y condenando al terror», dijo la líder opositora María Corina Machado en redes sociales. Antes, en su última aparición en Caracas, había pedido a los presos adultos cuidar a los menores de edad en las cárceles.
En días pasados, Maduro dispuso de dos cárceles de máxima seguridad, Tocuyito y Tocorón, para recluir a los arrestados después del 28 de julio. Ambos penales estuvieron por años bajo control de bandas criminales hasta que fueron ocupados por las fuerzas del orden en 2023. A esos lugares fueron trasladados varios de los adolescentes detenidos ahora excarcelados, como parte de los cambios de sitio de reclusión de unos 700 encarcelados, según la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones.
Este lunes el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, detalló que «algunos están saliendo con caución, con presentación, donde los padres se hacen responsables de los actos de sus hijos. ¿Qué dicen muchos padres? Que ellos no sabían, que los contactaron a escondidas a sus hijos. ¿Quiénes? El fascismo de María Corina Machado», dijo.
El funcionario negó que defensores de derechos humanos y ONG tuvieran que ver con las excarcelaciones, sino que es «el Estado venezolano actuando conscientemente». Organizaciones civiles han denunciado que a los detenidos en las protestas electorales se les viola el derecho a la defensa pues se le imponen defensores públicos y se les impide nombrar abogados de confianza.
Según Cabello, «nosotros no perseguimos ni secuestramos a nadie (…) Los niños y las niñas para nosotros son intocables. Los amamos con el alma y estamos aquí para asegurarle a los niños y a las niñas un país en paz, sin fascismo, sin odio, y sin irresponsables como la fascista terrorista María Corina Machado».
Según registros de la ONG Foro Penal, Venezuela registra actualmente el mayor número de presos políticos en casi 25 años, con 1.780 detenidos. Hasta el 28 de julio, contabilizaba 199.
