El cupo catalán pactado entre PSC y ERC contempla un cambio de calado en el sistema de financiación autonómica cuyas consecuencias son todavía inciertas. Según el acuerdo, escueto en detalles hasta la fecha, la Generalitat pasará a recaudar el 100% de los impuestos que se generan en su territorio a cambio de una contribución con el Estado y con la solidaridad interterritorial. El objetivo es que Cataluña mejore sustancialmente su financiación, ya que esta aportación al resto de las comunidades estará siempre supeditada al principio de ordinalidad y a que todas ellas tengan un esfuerzo fiscal similar. Con estos mimbres, según advierte la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), hay dos posibilidades. O que los recursos que reciben las autonomías —y en consecuencia el nivel de las prestaciones— mengüen, o que la presión fiscal en estas regiones suba para compensar la salida del sistema de uno de los aportadores netos.
