La ministra francesa de Sanidad, Catherine Vautrin, defendió este lunes el equilibrio de su proyecto de ley de “acompañamiento de los enfermos en fin de vida”, del que dijo que “no es un modelo de eutanasia” ni “una autorización para suicidarse”.
Vautrin, que comenzó ante el pleno de la Asamblea Nacional el debate que se va a prolongar durante dos semanas, pidió dar marcha atrás en los cambios que se han introducido durante su examen en comisión, que a su juicio abrirían las puertas a algo que no se corresponde con los consensos que se han logrado en un largo proceso de concertación.
En concreto, subrayó la importancia de mantener las cinco reglas que fija el texto inicial que llevó su departamento al Parlamento.
Se trata de condicionar la posibilidad de recurrir al dispositivo de “fin de vida” a personas mayores de edad de nacionalidad francesa o con residencia estable y regular en Francia que tengan una enfermedad “grave e incurable” que conlleve un riesgo para su vida “a corto o medio plazo” y que sufran “dolores insoportables y refractarios al tratamiento”.
Además, deben manifestar su demanda de forma libre y reiterada y su capacidad de discernimiento para tomar esa decisión -evaluada por personal facultativo- y debe permanecer inalterada hasta el final.
“Modificar esos criterios -avisó la ministra- significa romper el equilibrio de este proyecto de ley, es correr el riesgo de ir más allá de la aplicación ética de la ayuda a morir que nos recomendaba el Consejo Consultivo Nacional de Ética”.
Vautrin destacó que ese texto es “una ley protectora de los pacientes porque antes incluso de abrir la ayuda a morir, reforzaremos considerablemente los cuidados paliativos” con una inversión que se va a incrementar en 100 millones de euros cada año durante los próximos diez años.
Tras la intervención de la ministra, los diputados de la mayoría de los grupos dejaron claro en sus intervenciones que el texto va muy lejos (para la izquierda y los ecologistas), o se queda muy corto (derecha conservadora y ultraderecha).
El Gobierno quiere volver al proyecto inicial
Durante su tramitación previa en una comisión especial, se han examinado más de 1.700 enmiendas y se han adoptado algunas que a juicio de Vautrin modifican de forma significativa algunos de los equilibrios iniciales.
En primer lugar, el riesgo de muerte “a corto o medio plazo” para los que quieran acogerse al dispositivo de “fin de vida” ha quedado sustituido por una enfermedad “en fase terminal o avanzada”.
Eso abre el marco temporal y, sobre todo, la posibilidad de que sea utilizado por personas con enfermedades crónicas incurables, pero que no necesariamente sean mortales a corto o medio plazo.
Otra modificación del texto inicial se refiere a la administración de la sustancia letal. El Gobierno pretendía que los propios pacientes se la administraran salvo en los casos en los que fueran incapaces de hacerlo.
Las enmiendas de la comisión acabaron por dar libertad a los pacientes para delegar la administración de esa sustancia a otra persona, que no necesariamente sería un sanitario.
El paciente debe poder manifestar su opinión hasta el último momento
Algunos diputados han planteado la posibilidad de que un paciente que haya perdido la capacidad de discernimiento durante la enfermedad pueda acogerse a la eutanasia si ha formalizado previamente esa posición en unas directivas anticipadas.
La ministra, sin embargo, justificó la aplicación de “condiciones estrictas” y en este caso de que el paciente debe manifestar su opinión “de forma libre, aclarada y reiterada” y que debe poder retractarse hasta el último momento, lo cual implica que hasta el final mantenga su capacidad de discernimiento.
A ese mismo respecto, insistió en que “frente a una demanda de ayuda para morir, el médico deberá garantizar efectivamente que tiene enfrente una voluntad libre y aclarada, aportar informaciones y proponer cuidados paliativos”.
La titular de Sanidad, que se esforzó en diferenciar su iniciativa de las leyes de eutanasia o de suicidio asistido en otros países como Países Bajos, Bélgica, Canadá o España, reconoció que la sociedad francesa está dividida sobre este asunto y, por eso, hizo un llamamiento a los parlamentarios para encontrar un “justo equilibrio”.
Según sus estimaciones, con el formato inicial planteado por su Gobierno, habría unas “4.000 personas al año” que se acogerían a la ayuda médica para morir, esencialmente enfermos de cáncer o de fibrosis pulmonar en fase terminal o personas con enfermedades degenerativas en una fase muy avanzada que puede desembocar en una parálisis muscular que les prive de movimientos o de la capacidad para alimentarse de forma autónoma.
