Francia respira aliviada después de que el maltrecho «frente republicano» haya logrado frenar el avance de la extrema derecha de Marine Le Pen y su delfín, Jordan Bardella, en la segunda vuelta de las legislativas ayer. Su partido, Reagrupamiento Nacional (RN, heredero del viejo Frente Nacional) es por primera vez la mayor fuerza en la Asamblea Nacional, pero no cuenta con diputados suficientes para llegar al Gobierno. El «frente republicano» dispone de una mayoría alternativa en el Parlamento. La cuestión ahora es saber si ese cordón sanitario es lo suficientemente fuerte para gobernar Francia al menos hasta dentro de un año, cuando se puede disolver de nuevo la Asamblea y convocar elecciones.
«Hay dos certezas. La Asamblea Nacional [Cámara baja] surgida del 7 de julio no podrá disolverse antes del 9 de junio de 2025» y «el país no puede quedarse sin Gobierno», resume la constitucionalista Anne-Charlène Bezzina, de la Universidad de Rouen.
En Francia, el sistema electoral mayoritario a dos vueltas ha primado las amplias mayorías parlamentarias, por lo que no existe una tradición de coaliciones postelectorales como en Alemania, Italia o Países Bajos. Como muestra, en la Asamblea Nacional que disolvió Emmanuel Macron tras la debacle sufrida en las elecciones europeas y que fue elegida en 2022, el presidente contaba con una mayoría simple de 250 de los 577 diputados, frente a los 149 del bloque de la izquierda y los 88 de la ultraderecha. Sin embargo, no fue posible que los centristas llegaran a un acuerdo de legislatura ni siquiera con la derecha tradicional, Los Republicanos, con cuyos 61 escaños habrían superado ampliamente la mayoría absoluta (289 asientos). En cambio, los dos últimos años se convirtieron en un calvario para el Gobierno, que no pudo sacar adelante sus iniciativas y recurría constantemente al artículo 49.3 de la Constitución, que le permite aprobar leyes por decreto sin debate parlamentario.
Ahora, dada la incompatibilidad manifiesta entre el bloque de extrema derecha y la heterogénea coalición de izquierdas, el Nuevo Frente Popular (NFP), resulta improbable que los de Le Pen encontraran aliados para gobernar.
En cambio, en las últimas semanas suena con fuerza una eventual coalición centrista que reuniría alrededor de Juntos, la alianza macronista, una especie de Gran Coalición con la izquierda moderada (socialistas, comunistas, verdes y un sector pragmático de La Francia Insumisa de Jean Luc Mélenchon) y Los Republicanos (LR) que no se han aliado con la ultraderecha. Un encaje de bolillos difícil de tejer en una Francia tan polarizada como la actual.
Uno de los protagonistas de este experimento político, el líder socialista, Olivier Faure, advertía esta semana en una entrevista en el canal France 2 que una hipotética coalición debería centrarse en las cuestiones «que más preocupan a los franceses», como la subida de los salarios o de las pensiones. «Si no, el freno al RN habrá sido solo un respiro» hasta la próxima elección, advirtió Faure.
Pero hallar un programa común que compartan el bloque de izquierdas, los centristas y la derecha moderada se antoja difícil. El NFP prometió durante la campaña derogar la impopular reforma de las pensiones de Macron y aprobar un impuesto a las grandes fortunas, dos «líneas rojas» para sus eventuales aliados.
La expresidenta oficialista de la Asamblea Nacional Yaël Braun-Pivet evocó la idea de una «gran coalición» que deje fuera a RN y sus aliados, y también al ala radical del NFP representada en La Francia Insumisa (LFI). Sin embargo, LFI, principal fuerza del NFP, podría volverse indispensable para una mayoría y su líder, Manuel Bompard, ya advirtió de que solo aplicarían el programa de la coalición de izquierdas.
En caso de que los partidos franceses no fueran capaces de ponerse de acuerdo, Macron podría optar por nombrar a un primer ministro técnico que contara con el necesario apoyo parlamentario. Entre los nombres que suenan para un escenario común, por ejemplo, en Italia, pero completamente inédito para el país vecino, se sitúan la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, que ya fue ministra de Economía con Nicolas Sarkozy; el actual gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau; o el presidente del Senado, el conservador Gérard Larcher.
Finalmente, y para evitar que Francia no disponga de Gobierno durante los Juegos Olímpicos de París que se inauguran el 26 de julio, el primer ministro, Gabriel Attal, está dispuesto a permanecer en funciones. «Su campo de actuación se limitaría a los estrictamente necesario: pagar a los funcionarios, asignar los recursos necesarios a las administraciones, recaudar fondos para que Francia pueda financiarse», recuerda Bezzina.
