Otoño de 2008. Ana Millán, entonces concejal del Ayuntamiento de Arroyomolinos, y hoy colaboradora clave de Isabel Díaz Ayuso, le alquila su ático a una mercantil del empresario Francisco Roselló. “Creo [que firmamos] allí, en un bar del pueblo, no lo puedo decir”, rememora la vicepresidenta de la Asamblea y vicesecretaria del PP de Madrid, según un informe de la Guardia Civil al que ha accedido EL PAÍS. Millán no lo sabe entonces, pero acaba de iniciar una cadena de decisiones cuyo último eslabón es que una jueza se haya inhibido en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) porque observa que por su relación con Roselló “pueden ser autores de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública”. Mientras Millán, aforada como diputada regional, defiende su inocencia desde que es investigada por presunta prevaricación administrativa, los investigadores han recabado un testimonio que consideran clave: el de una auxiliar que afirmó que “despachaba a solas” con Roselló mientras las empresas vinculadas a este lograban contratos con el Ayuntamiento y pagaban a Millán por el alquiler del ático, además de a su pareja y a su hermana por su trabajo.
“Fue en un bar del pueblo”: así arrancó el caso de presunta prevaricación de Ana Millán, colaboradora clave de Ayuso
