Emiliano García-Page pasa a la acción. El presidente de Castilla-La Mancha ha iniciado hoy los trámites para sumarse al frente autonómico del PP contra la Ley de Amnistía que ayer aprobó el Congreso de los Diputados, a iniciativa de su partido. “El perdón no se contrata, se da o no se da, pero no se da a cambio de nada y menos a cambio de un sillón”, ha asegurado. De este modo, Page ha anunciado hoy que acudirá al Consejo Consultivo para conocer las posibilidades de que su región pueda acudir al Tribunal Constitucional contra lo que considera “una agresión al concepto de igualdad”.
Así lo ha avanzado García-Page hoy durante el acto institucional con motivo del día de la región, que se ha celebrado en Toledo, donde ha destacado que esta solicitud se hace “con el deseo y la confianza de que el Consejo Consultivo nos dé vía libre para defendernos en el Tribunal Constitucional”. De este modo, el Gobierno de Castilla-La Mancha solicitará esta semana un informe, preceptivo según la ley, para conocer las posibilidades de que esta comunidad acuda al Tribunal Constitucional.
“Ese sería mi deseo y entiendo que tiene que ser el deseo de la inmensa mayoría, limpiamente, independientemente de la opinión que puedan tener, que esa duda que se puede tener quede despejada. Esas son las normas y las reglas del juego y son las que pretendo defender, por si alguien puede tener alguna duda sobre si me importa más mi organización política o cualquier otro tipo de interés”, ha continuado García-Page.
García-Page ha reconocido que “en democracia hay que aceptar lo que se diga mayoritariamente aunque discrepes” pero ha mantenido que su posición, que es “conocida”, es de discrepancia “de fondo”, no solo constitucional.
“Unos se pelean por si ha sido perdón, otros por si es una victoria. Victoria no, pero tengo que decir que el perdón no se contrata. Se da o no se da, pero no se hace a cambio de nada y menos a cambio de un chantaje”, ha incidido. El presidente de Castilla-La Mancha ha concluido destacando que tiene la “obligación” de “velar claramente por si cualquier norma, la que sea en España, afecta a los intereses de esta región y, particularmente, a nuestros intereses directos y a nuestras competencias”.
