La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya se prepara para dictar sentencia sobre el «caso Mbañe», la disputa que arrastran desde hace medio siglo Guinea Ecuatorial y Gabón sobre la delimitación de las fronteras marítimas y terrestres en la isla de Mbañe y los islotes adyacentes de Cocoteros y Conga. Una treintena de hectáreas prácticamente deshabitadas en aguas del Atlántico que, sin embargo, pueden albergar grandes reservas de petróleo. Pero el fallo del tribunal de Naciones Unidas no servirá para delimitar las fronteras marítimas ni determinar la soberanía de las islas, sino para resolver la legalidad de los títulos y tratados históricos y jurídicos mencionados en la demanda. Es decir, el litigio versa en última instancia sobre la ley aplicable.
El proceso judicial ha tenido lugar en base al Protocolo de Marrakech, un acuerdo firmado en noviembre de 2016 por el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, y el entonces mandatario gabonés, Ali Bongo Ondimba, que comprometía a las partes a alcanzar una resolución amistosa a través de la Justicia internacional. Dicho acuerdo culminaba el proceso de mediación que la ONU había puesto en marcha en 2004, durante la etapa de Kofi Annan en la secretaría general, pese a las obstrucciones de Gabón. Las negociaciones se suspendieron en 2010 como consecuencia de las tensiones entre el nuevo Gobierno gabonés y Guinea Ecuatorial, pero se reanudaron un año después, ya con el surcoreano Ban Ki Moon al frente de Naciones Unidas.
La pasada semana, las partes agotaron sus correspondientes alegatos ante los 15 magistrados que supervisan el caso en La Haya. La comitiva ecuatoguineana, encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, Simeón Oyono Esono Angué, expuso los argumentos de Malabo para reclamar la soberanía sobre los territorios. Entre las pruebas presentadas a lo largo del proceso figuran desde los primeros tratados de San Ildefonso (1777) y del Pardo (1778), rubricados entre España y Portugal, que delimitaban las posesiones coloniales de España en la región, incluyendo las áreas circundantes a las islas en disputa, hasta el Tratado de París, firmado en 1900 entre Francia y España para definir las fronteras entre sus respectivas colonias, Gabón y Guinea Ecuatorial, respectivamente.
Gabón, por su parte, defiende la existencia de un tratado posterior a este último, denominado Convención de Bata de 1974, que le otorga la soberanía sobre las islas en cuestión. Un documento presentado por primera vez en 2003, casi tres décadas después del inicio del contencioso, cuya validez Guinea Ecuatorial rechaza de plano. Gabón, no obstante, registró dicho documento en el sistema de Naciones Unidas en 2004. Acción que Malabo denunció al considerarla «de mala fe» por presentar «fotocopias que son ilegibles, incompletas y sin firmar» y que, siempre según su versión, acreditan un acuerdo que no se llegó a producir. Malabo sostiene, sin embargo, que deben considerarse otros títulos históricos y jurídicos además de los tratados específicos, en conformidad con el artículo 4 del mencionado Protocolo de Marrakech, que permite la presentación de cualquier título jurídico pertinente.
En su alegato ante los jueces de la ONU, el ministro ecuatoguineano de Hidrocarburos y Desarrollo Minero, Domingo Mba Esono, dijo que su país comparece ante la Corte Internacional de Justicia con un «espíritu de amistad» hacia Gabón y «con el deseo de fortalecer la relación bilateral basada en el respeto mutuo, la buena vecindad y el imperio de la ley».
El conflicto comenzó el 23 de agosto de 1972, doce años después de la independencia de Gabón y cuatro después de la de Guinea Ecuatorial, cuando Gabón ocupó militarmente la isla de Mbañé tras una reunión de la comisión mixta de negociación de límites marítimos celebrada en marzo de ese mismo año en Libreville. Durante la ocupación, Gabón utilizó fuerzas militares para tomar control de la isla, capturando soldados y civiles ecuatoguineanos, violando la soberanía de Guinea Ecuatorial, denuncia Malabo. La disputa cobraría mayor importancia tras el descubrimiento de yacimientos de hidrocarburos en las aguas circundantes. Y el caso no llegaría a manos de los magistrados de la Corte Internacional de Justicia hasta el 5 de marzo de 2021.
Desde el inicio del contencioso, Gabón ha incurrido en múltiples violaciones del derecho internacional, que incluyen, según Guinea Ecuatorial, la ocupación militar de Mbañé, la extensión unilateral de sus aguas territoriales, el incumplimiento del Protocolo de Addis Abeba de 2004, que contemplaba el despliegue de tropas ecuatoguineanas en la isla, y el desarrollo de obras ilegales en Mbañé desde 2003 en adelante.
