Los abogados de las dos grandes compañías eléctricas, Iberdrola y Endesa, trabajan a fondo en los recursos contencioso-administrativos que van a interponer (cada una por separado) ante el Tribunal Supremo contra la nueva tasa nuclear que el Gobierno aprobó el 25 de junio. Destinada a sufragar el futuro desmantelamiento y la gestión de los residuos radiactivos, estas empresas, propietarias mayoritarias de las siete centrales nucleares españolas, pagan desde el 1 de julio una tasa de 10,36 euros/MWh destinada a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. Naturgy, con una participación del 35% en Trillo y un 11% en Almaraz, y EDP, con apenas un 15% en Trillo, permanecen al margen de esta batalla. Iberdrola posee la totalidad del capital de Cofrente y Endesa, la de Ascó I y, a su vez, ambas comparten Almaraz I y II, Ascó II y Vandellós: los dos primeros, bajo control de Iberdrola y los otros, de Endesa.
