El independentismo ha puesto la directa bajo la batuta de Josep Rull como nuevo presidente del Parlament y con la dirección de Carles Puigdemont y Marta Rovira. Puigdemont fue a visitar a Marta Rovira a Ginebra y pactaron la Mesa de la cámara catalana con un claro objetivo: controlarla para ir a una repetición electoral en la que los independentistas se presentarían en coalición en un remake de Junts pel Sí.
Rovira se aprovecha de la ausencia de contrapesos en ERC porque Pere Aragonés y Oriol Junqueras han dimitido. Ella dijo que no repetiría como secretaria general porque “hay que renovar liderazgos”, pero nunca ha dicho que no quiera ser presidenta de ERC y que no se presente en el congreso que se celebrará en noviembre. Para conseguir su objetivo mueve sus piezas. El domingo 9 a las 8.30 de la mañana, la ejecutiva de ERC se reunió y Rovira les mintió, como mintió al PSC. Dijo que se mantenían las conversaciones con Junts y PSC y dejó entrever que la actual vicepresidenta, Laura Vilagrà, sería la nueva presidenta del Parlament con el apoyo del PSC. De hecho, Vilagrà dedicó el domingo a preparar su discurso como presidenta de la cámara. El lunes 10, a las 3 de la tarde reunió al grupo parlamentario y les comunicó el acuerdo con Junts, acuerdo que no comunicó a su ejecutiva. Oriol Junqueras, por ejemplo, se enteró justo antes de empezar el pleno.
Rovira no fue un actor secundario en este acuerdo con Puigdemont. Ante las reticencias de la CUP a la candidata de Puigdemont, Anna Erra, envió a Josep María Jové, su hombre de confianza, que mantiene buenas relaciones con los anticapitalistas a desbloquear la situación. Jové sugiere el nombre de Rull que la CUP acepta y Puigdemont bendice. Rovira sabe que este movimiento descoloca a Oriol Junqueras y lo deja fuera de la partida. El siguiente movimiento es repetir Junts pel Sí porque ERC no puede acudir sola a una repetición electoral sin darse un batacazo y de un tiro mata dos pájaros: Se protege bajo las alas de Puigdemont y entra ella misma en las listas, reforzando su liderazgo y tirando en la cuneta a Junqueras tanto en el nuevo Parlament como de presidente del partido.
Con esta baraja juega Rull. Ahora interesa ir rápido a una repetición electoral. Ha convocado a los partidos el martes y el miércoles de la próxima semana y tiene la intención de convocar pleno del Parlament para que empiece a correr el tiempo. Fecha: 25 de junio, diez días hábiles después de la constitución de la cámara. Su objetivo es proponer a Salvador Illa para quemar su candidatura. Illa solo tendría 48 votos porque no podría contar con los votos de ERC que no se atrevería a votarlo, por un lado, y por otro porque Rovira lo impediría. No quiere proponer a Puigdemont, ni lo hará, porque no tiene tampoco los votos ni tan siquiera se puede presentar porque no regresará a España hasta que no tenga las garantías de la Ley de Amnistía, y de momento no las tiene. O sea, Josep Rull, como presidente del Parlament no usa sus prerrogativas para constituir gobierno sino para repetir elecciones. Algo que prohíbe expresamente la ley.
Los independentistas para dilatar todo lo posible la legislatura que se inició en 2017 que acabó con Joaquim Torra como presidente. El Parlament se constituyó el 17 de enero de 2018 y Torra fue elegido el 14 de mayo. 117 días después. Es evidente que Torrent no convocó el pleno que ponía en marcha el plazo de dos meses para elegir candidato porque no había candidato. Para justificar su actuación pidió un informe a los Servicios Jurídicos de la Cámara. El secretario general Xavier Muro le entregó el 8 de febrero el “Informe Jurídico sobre los plazos legales y estatutarios relativos a la investidura del president de la Generalitat de Catalunya atendiendo el aplazamiento de la sesión plenaria del 30 de enero de 2018”.
La principal conclusión del informe dice que hacer depender del mero transcurso del plazo -diez días- para proponer un candidato tendría unos efectos relevantes y constituiría un claro exceso o extralimitación, teniendo en cuenta la finalidad del sistema de investidura, que no es la de facilitar una repetición de elecciones sino la de posibilitar la creación de un gobierno estable”. Es decir, si no hay candidato el presidente del Parlament tiene la obligación de dilatar estos plazos porque su objetivo es que se forme gobierno no que se repitan elecciones. El informe jurídico de los servicios jurídicos del Parlament es contundente “La falta de atribución de unas consecuencias concretas al incumplimiento del plazo de diez días para proponer un candidato no se puede sustituir con la consideración que equivale al acto de la primera votación de investidura porque contradice la literalidad del artículo 67.3 del Estatuto de Autonomía, porque supondría la creación de un supuesto de disolución anticipada excepcional con prejuicio de los derechos de los parlamentarios elegidos en la legislatura disuelta y conferiría al president del Parlament la facultad exorbitante de provocar la disolución anticipada de la cámara, competencia que en ningún caso le corresponde, sin proponer tan solo un candidato, y dejar transcurrir este plazo”.
El secretario general razona que “es evidente que el establecimiento de diez días para proponer un candidato pretende propiciar la consecución de un gobierno n un plazo breve, y evitar la prolongación de una situación de interinidad, con un gobierno en funciones, que si tuviera una duración excesiva podría desembocar en una grave anomalía institucional (…) ahora bien, la Ley 13/2008 no atribuye ningún efecto al incumplimiento de este plazo, probablemente porque el legislador presupuso que en un escenario de funcionamiento regular de las instituciones no se produciría esta situación de bloqueo, porque no parece lógico que los actores políticos puedan desear esta situación, sino que más bien aspiran a gobernar y cumplir, en la medida de lo posible, su programa de gobierno.
En 2018, Torrent propuso a Puigdemont que no se pudo presentar porque el Constitucional se lo impidió. El presidente del Parlament al quedarse sin candidato aplazó el pleno, lo que fue avalado por los Servicios Jurídicos parlamentarios, y se trasladó al 22 de marzo donde Jordi Turull presentó su candidatura. Ese día empezó a correr el reloj.
Ahora Josep Rull pretende hacer justo lo contrario. Pretende acorralar a Illa para que se presente para quemar su candidatura y acelerar el proceso para nuevas elecciones sin presentar un candidato. El líder socialista no se aprestará al juego y mantendrá “viva su candidatura” a la espera de configurar “la única mayoría posible”.
Puigdemont y Rovira verán alterados sus planes y Josep Rull puede atentar al Estatut si lo que pretende es acelerar los tiempos para convocar elecciones y no para formar gobierno. La batalla jurídica está servida. Rull sustenta sus prisas en una afirmación falsa. El plazo de 10 días se puede superar fácilmente. Solo tiene que preguntar a los servicios jurídicos del Parlament.
