El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a improvisar en la gestión del fenómeno migratorio. Incapaz de consensuar una respuesta con las comunidades Autónomas, el Jefe del Ejecutivo actúa por libre y ordena, sin planificación ni comunicación –en muchas ocasiones–, el reparto de los inmigrantes que llegan desde las Islas Canarias a distintos puntos de la Península Ibérica.
Monterroso es una pequeña localidad de la provincia de Lugo, que cuenta con algo más de 3.500 habitantes. Un lugar en el que nunca ocurre nada, hasta que la pasada semana, de repente, se enteraron de la llegada de 120 personas procedentes de Mali a través de una ONG. Su alcalde, el popular Eloy Pérez, denunció la «total improvisación» y «falta de planificación». El regidor tachó de «indignante» esta imposición que «lleva días generando alarma social» en la localidad, ante el número «desproporcionado» de personas que trasladaron hasta la villa, ya que suponen aproximadamente cerca del «10 % de los habitantes del núcleo urbano». Desde el municipio lucense le piden al Gobierno que «facilite a los ayuntamientos información oficial sobre esta situación» y «aclare cuáles son los criterios que está siguiendo», puesto que a localidades mucho más grandes, como Monforte de Lemos –que tiene alrededor de 20.000 habitantes–, «llegaron un número mucho menor de migrantes», en concreto 25 personas, aseguran en un comunicado de prensa.
Podría ser un caso aislado o anecdótico, sin embargo, se trata de todo lo contrario. Lo denunciado por esta pequeña localidad de Lugo esta semana lleva meses produciéndose y se está convirtiendo en una práctica habitual en todo el territorio. Madrid, Aragón, Andalucía o Castilla y León también denuncian la llegada de personas migrantes a su territorio sin previo aviso del Gobierno. A principios del mes de junio, la prensa local de Aragón se hizo eco de un caso similar. Centenares de inmigrantes subsaharianos arribaron a la localidad zaragozana de Épila, con una población de 4.500 personas. Entonces, también su alcalde, el socialista Jesús Bazán, mostró su desconcierto al desconocer los detalles. A través de un bando, recordó a los vecinos que el Ministerio del Interior está llevando a cabo un programa de acogida, «que conlleva una redistribución de personas vulnerables llegadas a zonas históricamente receptoras, como las Islas Canarias, con recursos muy colapsados que no pueden garantizar una atención adecuada».
También en junio –pero en Castilla y León– las autoridades autonómicas se sorprendieron ante la llegada de un grupo de inmigrantes procedente de Canarias que iba a ser reubicado en un hotel de la localidad de Villarrodrigo de las Regueras. «A pesar de no ser la primera vez que sucede», dijo entonces la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, exigió al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, «una política migratoria coordinada e informada». Reclamaron a Sánchez que no se ponga de perfil dado que es su obligación la de comunicar y coordinar con las distintas regiones estas llegadas.
Por su parte, la Comunidad de Madrid lleva meses denunciando la improvisación y falta de gestión de Gobierno central. Ya el año pasado, en octubre, su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, expresó su desacuerdo con la manera en la que el Gobierno de España está trasladando migrantes a la Península, específicamente a Madrid, de manera discreta y sin previo aviso, en un intento por aliviar la situación insostenible de las Islas Canarias.
Entonces, ya señaló que son más de mil migrantes los que habían llegado a la región sin que el Gobierno regional recibiese información oficial al respecto por parte del Gobierno central. Más concretamente, el descontento fue mayor en la localidad de Móstoles porque el pasado mes de abril su alcalde se enteró, a través de Cruz Roja, de la llegada a un hotel de centenares de inmigrantes procedentes de Canarias. «Es intolerable», señaló, entonces.
Estos ejemplos demuestran los bandazos del Ejecutivo. Cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en 2018 vio en la inmigración una oportunidad para dar un primer golpe de efecto que le diferenciara de las políticas de su antecesor, Mariano Rajoy. Acogió al barco «Aquarius» que llevaba días varado en las costas italianas sin puerto en el que atracar porque ningún país europeo quería hacerse cargo. Con el aumento de llegadas de pateras a las costas españolas, especialmente a partir de 2018, efectuó un giro que marcaría sus siguientes medidas: las devoluciones en caliente.
