Cinco integrantes de la organización activista radical ecologista Futuro Vegetal se sentarán el próximo octubre a prestar declaración ante la titular de Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid por presunta organización criminal en relación a las más de 50 mediáticas acciones en protesta que han llevado a cabo.
Tendrán que declarar por, entre otros hechos, haberse pegado al cuadro de “Las Majas” de Goya que tienen en sus salas el Museo Del Prado, lanzar pintura roja contra la fachada o pegarse también al atril del Congreso de los Diputados, o cortar carreteras o accesos aeropuertos españoles.
La citación les ha llegado, tal y como ellos mismos han anunciado públicamente este martes, después de que el pasado diciembre fueran detenidas por la Policía Nacional 22 miembros de Futuro Vegetal en doce localidades distintas de la geografía española, entre ellos sus tres líderes.
Se espera, por tanto, que la veintena de arrestados acaben siendo igualmente llamados a declarar por la jueza. Desde la organización sostienen que entre los detenido no solo hay miembros activos de este grupo investigado por conformar una estructura criminal, sino también individuos que participaron de forma puntual en una de sus acciones bajo sospecha.
Acabaron bajo el ojo de las autoridades después de que en enero 2022 vertiesen pintura sobre las paredes exteriores del edifico madrileño que alberga el Ministerio de Agricultura.
Desde entonces, han causado daños en valiosas obras artísticas del Patrimonio Nacional, cortado y generado retenciones y caos en el tramo de la M-40 que da acceso a Mercamadrid, encaramarse a una señal luminosa de la M-30, o introducirse en las pistas del aeropuerto de Ibiza y de Barajas.
Se estima, de momento, que en las identificadas 65 ocasiones e que actuaron provocaron al menos más de medio millón de euros en daños, sin contar con los desperfectos que tuvieron como víctima el patrimonio artístico.
Futuro Vegetal apunta a la Brigada de Información de la Policía como el único denunciante en una causa está aún en fase de diligencias previas de investigación. Le acusan de perseguir con ello la “dinamitación” y el “silenciamiento” de sus demandas. El colectivo tiene más de 40 procedimientos judiciales abiertos por unas acciones que suelen acabar en los tribunales.
Pese a todo, han insistido en que su cometido continuará en los próximos meses porque la “emergencia climática” se ha tornado en un fenómeno “mucho más urgente”. Revelaron, en este sentido, que tienen planeado llevar a término dos periodos de actuaciones de “alta intensidad” en julio y en otoño en contra del turismo y de la ganadería, respectivamente.
