El Ministerio del Interior no había dado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil una orden específica para que establecieran, en el ámbito de sus competencias, ningun reforzamiento ni dispositivo adicional con el fin de detectar y detener (al existir la orden del Tribunal Supremo) al prófugo Carles Puigdemont.
Según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto, las vigilancias fronterizas eran estos días las habituales, incluidas las patrullas aleatorias dentro del dispositivo especial de la “Operación Verano” con el fin de detectar posibles infiltraciones de terroristas, delincuentes pertenecientes a bandas organizadas, inmigración ilegal, etcétera.
El hecho de que Puigdemont, una persona requisitoriada judicialmente, hubiera anunciado a bombo y platillo que iba a entrar ilegalmente en España debería haber propiciado algún tipo de reforzamiento de las vigilancias fronterizas, sobre todo con Francia, con el fin de proceder al arresto de Puigdemont en caso de ser detectado, opinan las mismas fuentes. “Pero eso debía partir de una orden política de Interior que no se ha producido”, subrayan.
Por lo que respecta a lo ocurrido ayer en Barcelona, en los alrededores del Parlament, subrayaron que no se entiende que ninguno de los agentes de los Mossos allí presentes no procediera a la inmediata detención de Puigdemont cuando eran conocidas las órdenes del Tribunal Supremo en este sentido. “Cuando hay una orden no se puede esperar al momento más conveniente o más le guste al que va ser arrestado, sino cumplir con lo estipulado y punto”, enfatizaron.
