No es una novedad: a la hora de
evaluar el acceso a internet de los menores (al igual que
poseer un móvil) lleva años siendo objeto de interés. En este sentido, la
creciente presión para regular el uso de la tecnología por parte de los niños
en Estados Unidos plantea la pregunta: ¿es constitucional hacer que Internet
sea a prueba de niños? Esto es lo que se ha planteado Meg Leta Jones, experta
en leyes tecnológicas de la Universidad Georgetown.
La experiencia de los menores con las tecnologías digitales (a
menudo vinculada a la adicción, el acoso o el acceso a páginas no recomendadas
para menores) ha llevado a que Estados Unidos apruebe una serie de leyes. California,
por ejemplo, exige que una página evalúe si quien accede a ella es mayor de 18
años. Texas, por su parte, multa a las páginas con contenido pornográfico, que
dejan entrar a menores, Florida ha prohibido el acceso a redes sociales a
menores de 14 años y Nueva York prohíbe los diseños que puedan crear adicción
en menores, tanto en páginas como en videojuegos.
“Todas estas leyes exigen que las plataformas traten a los
niños de forma diferente a los adultos – explica Jones en un
editorial -, y por lo tanto exigen que las plataformas sepan quién es un
niño y quién es un adulto. Esta práctica se conoce como control de edad e
incluye algunos métodos. La antigua ley COPPA (siglas de Ley de protección de
la privacidad en línea de niños y adolescentes) añadió restricciones,
responsabilidades y obligaciones para los sitios dirigidos a niños o sitios que
tenían conocimiento de que un usuario era menor de 13 años. La mayoría de los
sitios evitan las restricciones y requisitos de la ley simplemente incluyendo
un lenguaje en sus términos de servicio que prohíbe a los menores de 13 años
crear una cuenta. Otros, como Facebook, finalmente fueron más allá y pidieron
al usuario que ingresara su edad o fecha de nacimiento, pero los menores
aprendieron hace mucho tiempo a sortear la barrera prácticamente sin sentido”.
El problema es que para inferir la edad, la mayoría de los
sitios web se basan en pulsar un botón que confirme que son mayores de edad. La
otra opción es utilizar datos generados por el usuario, ya sea a través de
escaneos biométricos de la cara o la voz o análisis de los datos que las
plataformas ya recopilan para publicidad dirigida. O confiar en evidencia ya
examinada por otra institución, como una identificación gubernamental o una
tarjeta de crédito, lo que genera preocupaciones vinculadas a la privacidad y a
la seguridad.
“Para limitar el intercambio o el acceso a contenido, el
gobierno debe tener una buena razón – añade Jones -. Por lo tanto, la primera
pregunta que hay que hacerse es si los daños a los menores son realmente tan
graves y si las leyes pueden reducirlos”.
Jones también se hace otra pregunta más profunda. Esta experta
asegura que las leyes han cambiado, la tecnología ha cambiado y la infancia
también ha cambiado: debemos decidir si esto es positivo o no. Y qué podemos hacer al respecto.
