El Tribunal Supremo de Irán ha anulado este sábado la condena a muerte de Sharifeh Mohammadi, una reconocida activista sindical acusada de mantener vínculos con un grupo kurdo ilegalizado en el exilio, según informa la prensa local. «El Tribunal Supremo ha anulado el veredicto contra mi cliente, Sharifeh Mohammadi», anunció su abogado, Amir Raisian, en declaraciones recogidas por el diario reformista Shargh. Raisian confirmó, sin embargo, que el caso había sido remitido a un nuevo juicio.
«No nos sentiremos felices hasta el momento en que Sharifa sea liberada incondicionalmente, y continuaremos luchando y organizándonos por la liberación de Sharifa de manera continua, abierta y decisiva», han subrayado sus familiares a través de un comunicado difundido en redes sociales. «No nos conformaremos con una fiebre aceptando la muerte».
Mohammadi, de 45 años, fue condenada a muerte a principios de julio tras ser detenida en la ciudad de Rasht y trasladada al centro de detención de seguridad de Sanandaj, en el Kurdistán iraní, según denunciaron varias organizaciones en defensa de los derechos humanos. Desde entonces, las autoridades la han acusado de militar en el partido Komala, un grupo separatista kurdo exiliado en Irak que Teherán tiene catalogado como una organización terrorista. Condenada por el delito de baghy (rebelión armada), la activista de origen kurdo pasó 200 días en aislamiento sin acceso a un abogado de su elección ni contacto con su familia, antes de ser transferida nuevamente a la prisión de Rasht.
La República Islámica cargó contra los grupos kurdos radicados en el país vecino por fomentar las protestas multitudinarias por la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini en septiembre de 2022. Movilizaciones que, hasta la fecha, han supuesto la mayor amenaza a la continuidad del régimen teocrático nacido de la Revolución de 1979.
Irán es el país con mayor número de ejecuciones anuales después de China, de acuerdo con los datos que manejan asociaciones como Amnistía Internacional. Sus estrictas leyes islámicas recetan la pena capital por la comisión de delitos graves, como condenas por terrorismo, asesinato y tráfico de drogas, así como violación y agresión sexual.
