Una comisión de investigación de Naciones Unidas ha afirmado que Israel ha cometido crímenes contra la humanidad durante su ofensiva contra la Franja de Gaza, incluido el de “exterminio”, y ha afirmado que, tanto Israel por sus actos en el enclave, como el Hamás y otros grupos armados palestinos en sus ataques del 7 de octubre, son responsables de crímenes de guerra.
La Comisión de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados -cuyos trabajos fueron “obstruidos” por Israel, que evitó su entrada en Israel y los territorios palestinos- ha publicado la que supone la primera investigación del organismo internacional sobre los sucesos derivados de los ataques ejecutados el 7 de octubre contra territorio israelí, que incluye entrevistas con víctimas y testigos, el análisis de informes médicos forenses, imágenes por satélite y de documentos de fuentes abiertas.
“Es imperativo que todos los que han cometido crímenes rindan cuentas”, ha dicho la presidenta de la comisión, la jurista sudafricana Navi Pillay, quien fuera Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014. “La única forma de detener los recurrentes ciclos de violencia, incluidas agresiones y venganzas por parte de ambas partes, es garantizar un respeto estricto al Derecho Internacional”, ha agregado.
Así, Pillay ha abundado en que “Israel debe detener inmediatamente sus operaciones militares y ataques en Gaza, incluido el asalto contra Rafá, que ha costado la vida a cientos de civiles y desplazado de nuevo a cientos de miles de personas hacia lugares inseguros que no cuentan con servicios básicos o ayuda humanitaria”.
“Hamás y los grupos armados palestinos deben detener inmediatamente los ataques con cohetes y liberar a todos los rehenes”, ha manifestado, al tiempo que ha hecho hincapié en que “la toma de rehenes constituye un crimen de guerra”.
La comisión ha subrayado que Israel ha perpetrado crímenes contra la humanidad en el marco de su ofensiva contra Gaza, incluidos los de exterminio, persecución de género contra hombres y niños palestinos, asesinato, traslado forzoso, torturas y tratamientos crueles e inhumanos, según un comunicado publicado para recopilar las conclusiones de las pesquisas.
En esta línea, ha indicado que las autoridades israelíes son responsables también de crímenes de guerra, incluido el uso del hambre como método de guerra, asesinato, ataques intencionados contra civiles y objetos civiles, traslado forzoso, violencia sexual, torturas y trato inhumano o cruel, detención arbitraria y violaciones de la dignidad personal.
Causar el “máximo daño”
Por ello, ha explicado que “el inmenso número de víctimas civiles en Gaza y la destrucción generalizada de objetos e infraestructura civil es resultado inevitable de la estrategia llevada a cabo, con la intención de causar el máximo daño, ignorando los principios de distinción, proporcionalidad y precaución”.
“El uso de armas pesadas con gran capacidad destructiva en zonas densamente pobladas constituye un ataque intencionado y directo contra la población civil”, ha manifestado, antes de detallar que las declaraciones por parte de funcionarios israelíes, incluidas algunas que reflejan la política destinada a causar “una destrucción generalizada y matar a un gran número de civiles”, equivale a incitación y podría constituir “otros graves crímenes internacionales”.
De esta forma, ha recordado que “la incitación directa y pública al genocidio es un crimen según el Derecho Internacional siempre que sea perpetrado, incluso por personas que no tienen autoridad directa para la conducción de las hostilidades” y ha añadido que “la incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia es una violación grave del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y puede constituir un crimen internacional”.
La comisión ha sostenido además que las órdenes de evacuación emitidas por el Ejército de Israel fueron en ocasiones “insuficientes, poco claras y contradictorias”, sin dar además tiempo para que fueran llevadas a cabo de forma segura. Además, ha reseñado que las rutas de evacuación y las zonas designadas como seguras “fueron atacadas de forma consistente por las fuerzas israelíes”, por lo que todo ello equivale a traslados forzosos.
La investigación recoge además que Israel impuso un “asedio total” contra el enclave palestino, lo que supone un castigo colectivo contra los civiles, usando además la entrega de bienes vitales, incluido el corte de la entrega de agua, comida, electricidad, combustibles y ayuda humanitaria, para obtener “objetivos estratégicos y políticos”.
“El asedio ha afectado desproporcionadamente a las mujeres embarazadas y a las personas con discapacidad y ha causado graves daños a los niños, lo que ha provocado muertes infantiles por inanición evitables, incluidos los recién nacidos”, ha manifestado, antes de apuntar que “formas específicas de violencia sexual y de género son parte de los procedimientos de operación de las fuerzas de seguridad israelíes”.
Esta conclusión se fundamenta “en la frecuencia, prevalencia y gravedad de las violaciones, que incluye desnudar a personas en público para humillar a la comunidad y acentuar la subordinación de una población ocupada”. Además, ha afirmado que las fuerzas israelíes han cometido en Cisjordania y Jerusalén Este “actos de violencia sexual, torturas y tratos crueles e inhumanos”, que suponen crímenes de guerra, además de “permitir, alentar e instigar” una campaña de violencia por parte de grupos de colonos.
Crímenes de grupos palestinos
Por otra parte, la comisión de investigación ha señalado que el brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezzeldín al Qassam, y otras seis facciones armadas palestinas cometieron crímenes de guerra durante sus ataques del 7 de octubre, al atacar de forma intencionada a civiles, cometer asesinatos, torturas, tratos inhumanos o crueles, destruir o incautar la propiedad del adversario, cometer ofensas a la dignidad personal y tomar rehenes, incluidos niños.
Asimismo, ha agregado que miembros de estos grupos, “en ocasiones ayudados por palestinos vestidos de civil”, asesinaron de forma deliberada, hirieron, torturaron, secuestraron y cometieron actos de violencia sexual y de género contra civiles y miembros de las fuerzas de seguridad israelíes, algunos de los cuales estaban fuera de servicio.
“La comisión ha identificado patrones que apuntan a violencia sexual y ha concluido que no fueron incidentes aislados, sino que fueron perpetrados de forma similar en varias ubicaciones, principalmente contra mujeres israelíes”, ha dicho, al tiempo que ha puntualizado que el disparo indiscriminado de miles de cohetes contra territorio israelí supone una violación del Derecho Internacional Humanitario.
Por todo ello, ha reclamado a Israel que aplique “inmediatamente” un alto el fuego, que ponga fin al asedio a Gaza, garantice la entrega de ayuda humanitaria y deje de atacar a civiles e infraestructura civil, así como que cumpla con las órdenes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), antes de recomendar a todos los países firmantes del Esattuto de Roma que “cooperen totalmente” con el Tribunal Penal Internacional (TPI)
La comisión ha instado además a las autoridades palestinas y a las instauradas por Hamás en la Franja de Gaza que cesen inmediatamente los ataques con proyectiles, liberen sin condiciones a todos los rehenes secuestrados durante los ataques del 7 de octubre, que investiguen “de forma exhaustiva e imparcial” las violaciones y juzguen a los responsables.
