Cuando las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) cometen un acto contrario al derecho internacional, como los recientes ataques al cuartel general de Unifil y a varios de sus puestos de observación en la Línea Azul (la frontera entre Israel y Líbano), se pone en marcha una secuencia de actos que, de tan gastada, resulta inevitablemente aburrida (además de inservible). Israel se limita a anunciar que pone en marcha una investigación interna para aclarar lo sucedido, sabiendo de antemano que terminará argumentando que se trata de un trágico error. La ONU opta por condenar los ataques, sin posibilidad de ir más allá porque Washington hará lo necesario para evitar algún revés a su principal aliado en la región. Y algunos gobiernos, como los de España, Francia e Italia en este caso, llaman a capítulo al embajador israelí en sus capitales, sin atreverse a retirar a los suyos propios de Tel Aviv y menos aún a replantear sus relaciones con quien lleva demasiado tiempo burlando sin coste alguno las normas más básicas del derecho internacional.
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