El miedo del Gobierno y de sus principales aliados es el mismo en cada ley, cuando buscan avanzar en la agenda legislativa durante esta legislatura. Sus preocupaciones, los focos mediáticos y políticos se dirigen a un solo partido con site votos: a Junts.
La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, cuyo pacto ha sido abrazado por parte del PSOE ante las exigencias de Bildu, que tan solo hace un año negaban en el Gobierno, centraliza ahora las esperanzas de los socios en una tramitación que esperan rápida, pero que, más bien será “lenta”, según asumen algunos socios. Y es que Junts ya ha anunciado que no se adherirá al acuerdo entre Bildu y el Gobierno dado que, dicen, “no hemos participado de la negociación”.
Así, el partido que en Madrid lidera Míriam Nogueras, explica que presentará sus propias enmiendas a la ley cuando avance la tramitación. Si bien, en Junts ya explican que la ley aprobada por el PP en vigor y que ahora se derogará -parcialmente- es “regresiva” y el partido de Puigdemont apuesta por la “derogación total”. “En Junts no nos hemos movido, estamos donde estgábamos”, dice la portavoz independentista.
La ley cuenta de momento con el respaldo de los grupos proponentes, PSOE, Sumar y Bildu y de dos aliados del Gobierno como PNV y ERC. Podemos ha dejado en el aire su apoyo y también presentará enmiendas. En Junts enfatizan que ellos buscan “una ley democrática de seguridad ciudadana para Cataluña”, no para España.
Así, hoy se han producido varios gestos dirigidos a amarrar a Junts. En Sumar, especialmente, tendían la mano a la negociación en el trámite parlamentario y advertían de que esta “segunda oportunidad” podía ser la última probablemente para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana.
