La exigua aritmética parlamentaria de Pedro Sánchez se cimenta sobre una falacia. El presidente defiende que la que se articuló en torno a su investidura es una mayoría progresista, sin embargo, algunos de los partidos que la componen se ubican ideológicamente en la órbita conservadora y esta circunstancia debilita todavía más los números que la sustentan. En realidad, la de Sánchez es una mayoría por oposición. Por oposición a Vox y a todo lo que representa. Partidos de distintas sensibilidades se aglutinaron para dar respaldo a la coalición y cerrar, así, el paso a la ultraderecha y, por extensión, a Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, la necesidad de hacer compatibles las pretensiones de fuerzas tan dispares está comenzando a generar distorsiones que se acrecientan en el actual escenario de debilidad del Gobierno.
Los socios son conscientes de que en esta coyuntura pueden vender más caro su apoyo, ante el vértigo que supone para Moncloa sucumbir en el Parlamento a la mínima votación. El PSOE se estrelló en vísperas de las elecciones europeas con su simbólica ley para prohibir el proxenetismo y horas después se vio obligado a retirar la Ley del Suelo para evitar una nueva derrota. Celebrados los comicios y restablecida la agenda legislativa, el Gobierno sigue en el alambre. Ayer logró salvar «in extremis» la ley que crea la Oficina Española de Derechos de Autor, aunque llegó a barajar retirar en el último momento la norma para que no decayera. Quien salió al rescate del Ejecutivo fueron sus socios de Junts –retirando la enmienda a la totalidad que habían presentado–, a cambio de un compromiso gubernamental de respetar «siempre» la denominada «enmienda catalana», esto es, una «garantía de blindaje de todas las competencias de Cataluña» en las iniciativas que se lleven al Pleno.
La flaqueza parlamentaria del Ejecutivo obligó a una «negociación intensa», según reconocen fuentes concernidas en la misma, y anticipa el complicado horizonte que le espera a un Sánchez decidido a resistir en La Moncloa para rearmarse políticamente. El vértigo del Gobierno a proyectar debilidad es tal que, en las últimas semanas, incluso, se ha visto obligado a apoyar algunas iniciativas del PP para evitar que se visibilice en el Parlamento que existe una mayoría alternativa a la de la investidura. Y esta mayoría se produce cuando partidos conservadores como PNV y Junts se alinean con el PP en sus iniciativas. Este mismo martes, el PSOE acabó apoyando la toma en consideración de una proposición de ley del PP para endurecer el Código Penal, ante la multirreincidencia en delitos de hurto, que ya tenía asegurado el voto de los nacionalistas vascos y catalanes. Los socialistas eran prescindibles, pero se sumaron para evitar que Feijóo se apuntara el tanto de haber desmantelado su mayoría de investidura. De hecho, partidos como sus socios de Sumar, ERC o EH Bildu, se mantuvieron en el «no».
No es la primera vez que ocurre. A finales de mayo, el PSOE también apoyó otra proposición de ley del PP, con el agravante de que se trataba de una iniciativa muy crítica con la forma en que el Ejecutivo se desenvuelve en política internacional. La propuesta cuestionaba la «unilateralidad» de las decisiones de Sánchez en política exterior y demandaba más comparecencias del presidente para rendir cuentas. Los socialistas tuvieron que sumarse para no visibilizar su soledad.
Esta agonía parlamentaria enmienda el discurso de continuidad que se afana en proyectar el presidente del Gobierno. Sánchez augura estabilidad para tres años, pero a duras penas tiene capacidad para negociar en el Congreso. Esto, además, en la antesala de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado. La ministra María Jesús Montero confirmó ayer que se han recuperado los contactos con los grupos parlamentarios con la vocación de tener las cuentas aprobadas el próximo otoño. Este es el hito que garantiza la viabilidad de la legislatura y el Gobierno no lo encara en las mejores condiciones. Sánchez intenta recuperar la iniciativa legislativa, con anuncios como la renovación del CGPJ o el inminente paquete de medidas para la regeneración democrática. Dos cuestiones para las que se presupone que también deberá contar con sus aliados de investidura.
Además del esfuerzo aritmético, la coyuntura obliga a un esfuerzo de negociación que no es habitual en el Ejecutivo. Sus socios se quejan de las maneras soberbias con las que se desenvuelve en la interlocución parlamentaria, llamando minutos antes de que se produzca la votación y asumiendo que cuenta con su apoyo con el argumento de que no hay una mayoría alternativa. Sin embargo, cada vez es más evidente que no se trata de una debilidad en exclusiva, sino que enfrente se están reequilibrando los bloques. Quizá no para hacerle caer, pero sí para complicarle el horizonte.
