“El Gobierno debe iniciar de manera inmediata el diálogo con las autonomías para abordar el Plan Fiscal Estructural”, que España debe presentar a la Comisión Europa a finales de septiembre. Esa es una de las principales reclamaciones que ha plasmado en un informe sobre la nueva gobernanza fiscal europea la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ha planteado sus consideraciones y propuestas para asegurar el cumplimiento de las nuevas reglas fiscales, para lo que reclamó la “máxima transparencia” en el proceso de establecimiento de los objetivos a cumplir, así como iniciar “ya” el diálogo con las comunidades autónomas.
Su presidenta, Cristina Herrero, demandó al Ejecutivo que tiene que “iniciar de manera inmediata el diálogo con las administraciones territoriales”, ya que estas “están elaborando los presupuestos y deben tener claro cuál es el objetivo y el reparto del compromiso que figure en el Plan Fiscal Estructural”. A su juicio, el diálogo con las autonomías es “fundamental para garantizar el éxito del primer año de vigencia de Plan, para tener claro cuál es el compromiso para 2025 y saber cómo se va a repartir ese compromiso entre los distintos niveles de las administraciones”. Por ello, ha insistido en que las Administraciones Públicas “deben conocer cuál es el objetivo al que tienen que presentar su presupuesto para el año próximo”.
La Autoridad Fiscal ha querido recordar al Gobierno que debe presentar como muy tarde en septiembre un plan de ajuste fiscal estructural para cumplir con el nuevo marco europeo del 0,43% anual durante siete años, lo que supondría un ajuste de 6.000 millones al año, en lugar de plantear uno a cuatro años, que significaría un ajuste anual mayor, del 0,63% -unos 9.000 millones-. Por eso, ha reclamado que debe procurarse la “máxima transparencia” al proceso de establecimiento de objetivos fiscales para cumplir con la nueva gobernanza europea y ha pedido un “consenso político” sobre la hoja de ruta y las líneas generales del plan que enviará España a Bruselas. , recalcó, e insistió en la necesidad de que “las administraciones públicas conozcan cuál es el objetivo al que tienen que presentar su presupuesto para el año próximo”.
El organismo independiente que dirige Cristina Herrero cree que la reforma de la gobernanza fiscal de la Unión Europea, que pone “la sostenibilidad en el centro” y da mayor capacidad de iniciativa a los Gobiernos a la hora de definir sus sendas de ajuste, debe tener una mayor “transparencia”, por lo que ha exigido al Gobierno que haga pública tanto la tasa de referencia comunicada por la Comisión -algo que ya han hecho otros países- como de la negociación posterior de esta y de la elaboración del plan fiscal pendiente.
Según ha explicado la presidenta de la AIReF, esta reforma supone una “modificación profunda de esquema de gobernanza económica y fiscal”, por lo que “España debe definir una estrategia a medio plazo, que debe tener el mayor consenso posible”, en el que se establezca que la deuda pública se va a reducir de manera “sostenida y viable” en el tiempo, los que supone “un reto económico para la economía española” . No hay que olvidar que el objetivo principal es reducir la deuda de manera sostenida en países con ratios superiores al 60% del PIB, como España -que ahora está en el 108,9%-, y “hacerlo de manera viable”.
Herrero también ha advertido que aunque la ratio de deuda ha tenido una senda descendente desde su máximo alcanzado en el primer trimestre del 2021, esta caída solo ha sido posible por la eliminación de las medidas por la pandemia y la sustitución por otras de menor importe, por un crecimiento que en términos nominales elevado, con una contribución importante del deflactor del PIB, y ha afeado al Ejecutivo que “no basta con estabilizar la ratio de deuda pública sobre el PIB”, porque el crecimiento económico “no será suficiente para reducir la deuda”.
Las últimas previsiones de la AIReF retrasan hasta la segunda mitad de esta década la estabilización de la ratio de deuda en torno al 100%, si bien para la próxima década se inicia una senda creciente asociada a la evolución de la demografía española. En este escenario inercial, las estimaciones es que el gasto primario crecería en torno al 3,8%. Por ello, la Autoridad Fiscal estima que se necesitaría un ajuste “exigente dada la evolución promedio del gasto en los últimos años, que con carácter general se ha situado por encima del 4%”, con una proyección de unos 26.000 millones al año de incremento. Asimismo, el crecimiento promedio del gasto primario sería del 3,8%. La AIReF supone que el ajuste exigido por Bruselas será “una tasa de crecimiento máximo del gasto” y con un margen “relativamente flexible”. Además, cada año se llevará a cabo “una parte proporcional” del ajuste.
Ante este panorama, el organismo ha plateado sus propuestas, que pasan por “publicar la trayectoria de referencia de la Comisión”, para que los distintos niveles territoriales de la Administración y otras instituciones puedan conocerla; consensuar los planes fiscales estructurales de medio plazo; iniciar de manera inmediata el “diálogo con todas las Administraciones para consensuar un reparto de objetivos” que garantice los compromisos a nivel europeo; abordar el proceso de reforma del marco fiscal nacional y el reparto de objetivos entre Administraciones de manera conjunta con la reforma del sistema de financiación territorial y de los mecanismos extraordinarios de financiación.
Herrero defendió “cuadrar” el marco fiscal nacional con el europeo. “Tenemos de plazo hasta finales de 2025”, dijo, y lo contrario conllevaría una “falta de credibilidad”, ante la “falta de consistencia entre el marco fiscal nacional y el europeo”. También advirtió de que si la reforma del marco fiscal español no “va de la mano” de la reforma del sistema de financiación autonómica “habrá grietas en la credibilidad del marco fiscal”.
En su documento de gobernanza fiscal, la AIReF alerta de que los planes deban establecerse para un período mínimo de cuatro años, “sin posibilidad de revisión” salvo en circunstancias excepcionales -entre las que se encuentra un posible cambio de gobierno, lo que hace conveniente la búsqueda de consenso en las medidas que subyacen a esos planes. En un segundo punto pide “adaptar el marco fiscal nacional para actualizarlo y hacerlo consistente” con la reforma europea, y el tercer reto será distribuir los objetivos y su aplicación entre los distintos niveles de las Administraciones, compatible con la reducción de la deuda y las necesidades crecientes de gasto e inversión.
