A estas alturas, poco queda que decir que no se haya dicho ya de la Ley de Amnistía. A pesar de que la mayoría de las opiniones han advertido de su difícil encaje constitucional y comunitario, ya la tenemos aquí. ¿Y ahora qué? Hay quienes dicen que este tema está sobredimensionado, que más importante es la subida de los precios, la dificultad de acceder a una vivienda digna o el desempleo, y que ninguno de estos problemas se resuelve o empeora con la aprobación de la ley de amnistía.
Eso es cierto, claro. Pero como dice una buena amiga, tampoco los problemas cotidianos de la gente se verían afectados porque mañana se aprobase la tortura o no se castigasen los delitos medioambientales. Nada de ello repercutiría en la cesta de la compra, en las hipotecas o en el precio de la luz. Pero es evidente que, de ocurrir, viviríamos en un país peor. Pues eso es lo que va a pasar con la amnistía: va a convertir a España en un lugar peor en el que vivir.
Para empezar, si resulta que la amnistía, por la que el Poder Legislativo se inmiscuye sin previsión constitucional en el espacio del Poder Judicial al decidir a quiénes se condena y a quiénes no, es una herramienta válida, se abre una puerta muy peligrosa. Mucho. A partir de ahora, cualquier partido o alianza de estos, gracias al juego de las mayorías parlamentarias, podrá hacer lo mismo: aprobar leyes que digan que ellos, sus socios de gobierno o sus amigos pueden ser absueltos o no juzgados por los delitos que cometan. Si esto vale para unos, valdrá para otros. Y por los motivos que se quieran esgrimir entonces, pues la retórica política es solo un vestido que se cambia para cada ocasión.
Además, al usar nuestros representantes parlamentarios su función legislativa para excepcionar la ley penal a unos pocos, pero no al resto de ciudadanos que hayan cometido o puedan cometer esos mismos delitos, se van a producir agravios comparativos. Que unas concretas personas, aquellas que tienen el poder para ello, se sitúen por encima del resto de ciudadanos, a los que se les seguirá aplicando la ley penal tal cual, supone crear privilegios de casta que no pueden ser percibidos como justos ni como progresistas (salvo con las gafas del sectarismo partidista), lo que nos conduce a una sociedad más desigual.
Esto no solo es malo por sí mismo, sino que, además, genera desafección ciudadana respecto de unos políticos que legislan para ellos y no para arreglar los problemas reales de la gente, lo que abona el terreno a los populismos que tanto daño están haciendo al debate público, a la credibilidad de las instituciones y, consiguientemente, a la estabilidad de las democracias occidentales.
Este paisaje de empeoramiento de la convivencia (polarización), de desigualdad, de degradación social e institucional y de potenciales abusos del poder político es el que nos espera a medio o largo plazo en España. Quienes crean que la amnistía no es «importante», se equivocan diametralmente. Ahora bien, hay que esperar. Porque los jueces que tenga causas que afecten a personas amnistiables tienen en su mano un abanico de posibilidades.
Si entienden que la ley de amnistía no contradice la Constitución ni el derecho comunitario, procederán a aplicarla, archivando la causa del sujeto amnistiado.
Pero habrá jueces que duden si esta ley se ajusta o no a la Constitución y/o al derecho comunitario y que, tal y como prevé nuestro ordenamiento jurídico, planteen cuestiones de inconstitucionalidad o de prejudicialidad para que el TC o el TJUE, respectivamente, se pronuncien. En estos casos, el juez suspenderá, no la vigencia de la ley, sino su aplicación al caso concreto que tiene que resolver, a la espera de lo que decidan esos tribunales.
Y ello sin contar con aquellos jueces que no tengan duda alguna de que la ley de amnistía es contraria al derecho europeo y procedan directamente a no aplicarla, algo que también es posible en nuestro ordenamiento.
El problema vendrá con las medidas cautelares ya acordadas, como la orden de busca y captura que pesa sobre Puigdemont. A pesar de las prevenciones de la ley de amnistía para garantizar que las mismas se levanten automáticamente, aunque se planteen cuestiones de inconstitucionalidad o prejudiciales, parece claro que el efecto suspensivo general del planteamiento de una de estas cuestiones no se puede excepcionar para las medidas cautelares, pues ello iría en contra de la normativa comunitaria y del esquema de la propia ley de amnistía, que hace depender su aplicación de una decisión judicial.
En definitiva, a corto plazo se prevén diferentes decisiones judiciales, unas en un sentido y otras en otro. Muchas serán recurribles ante otros jueces, además. Solo espero que los responsables públicos las respeten, que dejen al poder judicial trabajar en paz, sin señalamientos ni llamadas al enfrentamiento.
* Fernando Portillo es magistrado y presidente de Foro Judicial Independiente
