La Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas, conocida como Directiva Marco de Residuos, establece la obligación a los Estados Miembros de garantizar que las autoridades competentes establezcan planes de gestión de residuos que cubran su territorio geográfico y programas de prevención de residuos. En España, existe una ley de carácter nacional, la Ley 7/2022, de 8 de abril de 2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular que establece que las entidades locales deben aprobar programas de gestión de residuos para las que tengan una población de derecho superior a 5.000 habitantes. También existe una de carácter autonómico, la Ley 3/2023, de 30 de marzo, de Economía Circular de Andalucía, que ha ampliado esta obligación a todos los municipios independientemente de la población. Ahora bien, la realidad es que esta gestión de residuos no se está realizando a la velocidad deseada.
No es un problema de leyes, sino de marco competencial. En concreto, la , la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, en su artículo 9.6, establece como competencias propias de los municipios andaluces la ordenación, gestión, prestación y control de los servicios de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos o municipales, así como la planificación, programación y disciplina de la reducción de la producción de residuos urbanos o municipales. Por tanto, el impulso debe partir de las administraciones locales, mientras que el resto han abierto vías de financiación para cumplir los objetivos mandatados por Europa. En concreto, la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo establece los nuevos objetivos de preparación para la reutilización y reciclado de residuos municipales se fijan para tres nuevos horizontes temporales: objetivo del 55% en 2025, 60% en 2030 y 65% en 2035. También se marca para 2035 la restricción máxima de vertido del 10% del total de los residuos municipales.
La Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul ha detectado que existe un problema para aumentar el número de Plantas de Tratamiento de Residuos en los municipios. Se trata de instalaciones alejadas de los núcleos de población por lo que es necesario disponer de un punto de trasvase de los residuos para racionalizar y optimizar la recogida de los mismos y su eliminación, así como para minimizar los costes del transporte. Por ello, quiere potenciar la construcción de Estaciones de Transferencia, son instalaciones ideadas para que los camiones colectores que se encargan de hacer la recogida de los residuos en los diferentes núcleos urbanos, trasvasen su carga a otros vehículos más aptos para el transporte de larga distancia a otros lugares para su posterior tratamiento.
El objetivo es reducir los tiempos de ejecución de los servicios de recogida de las poblaciones alejadas del centro de tratamiento y lograr con ello optimizar los costes de transporte al utilizar equipos más adecuados, así como aumentar las cantidades transportadas en cada viaje mediante compactación de aquellos residuos que lo permitan.
Por ese motivo, ha impulsado una línea de subvenciones dotada con 4 millones de euros para proyectos de construcción y mejora de las estaciones de transferencia de biorresiduos por parte de los ayuntamientos y entidades locales andaluzas.
Este plan se configura como un instrumento indispensable para el cumplimiento de los objetivos fijados en materia de reutilización y reciclado de residuos municipales. Se apoya la redacción de proyectos y la construcción de nuevas estaciones de transferencia de biorresiduos que hayan sido recogidos de forma separada, así como también adaptar o mejorar las ya existentes para optimizar los costes de transporte a las plantas de tratamiento.
En este sentido, está abierto el plazo hasta el 30 de septiembre de 2024 para que los ayuntamientos y las entidades locales, titulares de las competencias en materia de residuos, comuniquen su interés en participar en el plan, lo que permitirá seleccionar aquellas actuaciones que supongan un uso más satisfactorio de los recursos financieros y la orientación hacia los objetivos del plan. La dotación de estas ayudas es de 4 millones de euros, financiados con cargo al Programa de Andalucía FEDER 2021-2027, con una cuantía máxima por proyecto de 952.000 euros, integrando la redacción del proyecto, la dirección facultativa, la coordinación de seguridad y salud y la ejecución de obra.
Dentro de estos proyectos, se ejecutará la instalación de nuevas estaciones de transferencia de biorresiduos y la adaptación o mejora de las ya existentes, pudiendo estar incluida la construcción de las instalaciones de las nuevas estaciones; o la adaptación o mejora de las ya existentes para la recepción de biorresiduos recogidos separadamente, con destino a una planta de tratamiento.
Sin la implicación de los ayuntamientos, España no conseguirá los objetivos marcados por la Unión Europea, como ha ocurrido en otros ámbitos, como es el caso de la depuración de aguas.
