Al margen del relato voluntarista de las huestes sanchistas, la realidad objetiva es que no supieron elaborar un texto legal que cumpliera el objetivo de limpiar los actos cometidos en la rebelión política contra el orden constitucional y estatutario. He de reconocer que cada vez que un socialista se autodenomina jurista entiendo mejor la profunda vacuidad del entorno jurídico que rodea tanto al Gobierno como al PSOE. No hay más que leer o escuchar los comentarios de los medios afines a Sánchez que han comprado la mentira y la ausencia de principios, así como a las escasas voces del mundo académico que han defendido una norma injusta e inconstitucional. A estas alturas, los escasos defensores del uso alternativo del Derecho resultan muy aburridos en su actuación como papagayos de La Moncloa. Al margen de la indignidad de comprar unos votos para conseguir la presidencia del Gobierno, algo que hubiera dado lugar a una campaña brutal de la izquierda mediática si lo hubiera hecho el PP, lo más llamativo es que no fueran capaces de redactar un texto articulado capaz de sortear los elementos de manifiesta ilegalidad.
Es una indignidad que se intente confundir a la opinión pública con ataques a los jueces como si se negaran a cumplir una ley. No es verdad, pero en cualquier caso la separación de poderes hace que su prioridad no sea complacer al sanchismo sino ajustarse al imperio de la ley. La izquierda querría una Justicia al servicio del Poder Legislativo y que validara la indignidad de la amnistía. Hay que aclarar que para cumplir este papel servil, impropio de un Estado de Derecho, está Conde-Pumpido que no le importa atropellar la Constitución e ir en contra de la inmensa mayoría de catedráticos, jueces, fiscales, letrados de Cortes y del Consejo de Estado y abogados expertos en la materia. Es cierto que el presidente del Tribunal Constitucional se considera superior a Kelsen, Loewenstein y otros grandes pensadores del Derecho Constitucional, pero la realidad que es su decisión de aceptar la amnistía es uno de los mayores despropósitos jurídicos en una democracia que podemos encontrar en la Historia del Derecho. No solo validará un texto inconstitucional, sino una chapuza jurídica que confirma la incapacidad del sanchismo a la hora de elaborar una norma que no ha podido resolver el problema.
Francisco Marhuenda, es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).
