El Gobierno ha intentado convencer a los españoles de que, gracias a sus políticas de cesión a los separatistas, Cataluña, y con ello al resto de España, había cerrado una etapa funesta de la historia para arrancar un tiempo nuevo de concordia, entendimiento y convivencia. Ese eslogan ha justificado todos los atropellos a la legalidad y a la honestidad que han culminado, o eso creíamos, con la Ley de Amnistía pactada entre dos políticos para su beneficio en el episodio de corrupción más descarado que se recuerda en democracia. En realidad, Sánchez ha ligado su poder a los devaneos, las urgencias o los caprichos de Carles Puigdemont y en menor medida de ERC. Borrado los delitos, aunque veremos si se materializa o el estado de derecho corrige el desmán y el abuso de poder, ha llegado otra de las cláusulas del contrato suscrito con Junts a cambio de sus siete votos en el Congreso que dan soporte vital a la legislatura agonizante: la financiación exclusiva y selecta para Cataluña, amén del blindaje para las leyes patrocinadas por el separatismo en su propio beneficio, claro. La vicepresidenta María Jesús Montero ha puesto las cartas boca arriba para que los separatistas no enreden y ha confirmado que la «singularidad» de Cataluña merece un «trato especial» en materia de aportación económica del Estado, además de que Hacienda trabaja ya con la Generalitat para cerrar la quita de 15.000 millones de su deuda galopante. El privilegio normalizado por el sanchismo para corresponder a Puigdemont y compañía como pago por los servicios prestados en las Cortes supone afianzar y abanderar el concepto de españoles de primera y de segunda, casi de tercera, de oficializar la brecha entre comunidades ricas y pobres. Se introduce en el modelo un concepto perverso y corrosivo para cualquier comunidad de ciudadanos como es el de la recompensa y la gratificación a la incompetencia, la deslealtad y la corrupción moral y política por intereses espurios. Al separatismo le disgusta sobremanera que se le recuerde como el Principado ha sobrevivido financieramente gracias al esfuerzo del Estado que ha rescatado una hacienda quebrada sin posibilidad de acudir al mercado. Los datos son tozudos sobre la responsabilidad dolosa de las administraciones separatistas en el escenario contable de un territorio con casi 90.000 millones en números rojos, el más endeudado del país, con sus habitantes como los segundos con más pasivo del conjunto nacional. Lejos de depurar conductas tan negligentes, se las ha premiado con el reconocimiento además de que su discurso victimista respondía a una realidad. Al resto de las regiones, sean del signo que sean, les toca oponerse por todos los medios para evitar que sus ciudadanos resulten castigados contra el criterio constitucional exclusivamente para que Sánchez siga en La Moncloa. Nada honorable y justo se puede construir desde la desigualdad y la insolidaridad. La concordia, el entendimiento, la convivencia de Moncloa eran en realidad prebendas injustas para el separatismo.
La concordia era en realidad el privilegio
