La Conselleria de Educación dio autonomía a los centros educativos para que estableciesen un criterio para otorgar el punto denominado de «circunstancia específica». Junto con la recuperación del distrito único ha sido una de las principales novedades del proceso de admisión del curso 2024-2025, y forma parte del cambio de modelo educativo que el Consell que dirige Carlos Mazón se comprometió a poner en marcha tras ganar la Generalitat y que culminará con la aprobación de la Ley de Libertad Educativa.
Sin embargo, algunos de los criterios propuestos por los centros, regulado en el decreto 48/2024, han generado un importante rechazo por parte de asociaciones y críticas por parte de la oposición. Incluso el Ministerio de Educación dirigió una carta a la Conselleria advirtiendo de que incumplía la normativa.
El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha asegurado este jueves que no se aceptarán criterios que incurran en algún tipo de discriminación y ha asegurado que la inspección educativa y de la dirección general de Centros Docentes está revisando las propuestas para garantizar el total cumplimiento de la ley. En esta situación se encontrarían, de momento, unos 40 centros, según fuentes de la Conselleria. El número podría aumentar pues aún no ha terminado el proceso de revisión.
De hecho, el decreto establece que el criterio elegido por el consejo escolar, en el caso del centro público o por la titularidad del centro concertado, no podrá suponer «discriminación de ningún tipo». La Conselleria de Educación, que ha ido haciendo públicos estos criterios en un «ejercicio de transparencia», está comunicando a los centros cuáles son los que no pueden incluir. Como ejemplo, se refirió a casos relacionados con el parentesco con los antiguos alumnos- en los que se ha pedido que acoten-, otros en los que se primaba solicitar enseñanza en valenciano o también en los que se valora que los padres hayan nacido en la Comunitat Valenciana.
«Evidentemente todos los criterios que discriminan por razón de origen, de religión o de cualquier otra circunstancia social no se van a aceptar porque no cumplen con el propio decreto del proceso de admisión», ha insistido McEvoy.
También se han denunciado casos en los que este punto de «circunstancia específica» se concede si «padres, madres o tutores legales del alumno o alumna realicen una actividad laboral o profesional remunerada».
Por ejemplo, en la ciudad de Valencia, según recoge un requerimiento enviado a la Conselleria de Educación firmado por el concejal del PSPV, Borja Sanjuán, ha habido nueve centros que proponen otorgar un punto por esta circunstancia. Cuatro son públicos: el CEIP Antonio García López, el Ausiàs March y Malva-Rosa. Además, del IES Juan de Garay y los concertados Hermes Sociedad Cooperativa Valenciana, el de la Purísima-Franciscanas, el Liceo Corbi, Luz Casanova y Trafalgar.
Este escrito indica también otros ejemplos considerados como discriminatorios como el aprobado por el consejo escolar del CEIP García Lorca que otorgará este punto a los alumnos «que hayan nacido en la Comunitat».
Comparecencia del conseller
El PSPV-PSOE ha presentado este martes un requerimiento a la Conselleria de Educación para que retire los criterios de admisión en centros escolares de la Comunitat Valenciana que son “discriminatorios” y van “contra la igualdad de oportunidades”.
Así lo han explicado el síndic socialista en Les Corts, José Muñoz, y el portavoz adjunto en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuán, en una rueda de prensa en la que también han anunciado la petición de comparecencia del conseller de Educación y una iniciativa parlamentaria para rechazar esos criterios.
Muñoz ha acusado al Consell de Carlos Mazón de “ir con la motosierra a cargarse la educación pública” y le ha instado a rectificar cuanto antes un decreto de admisión “que lo que hace es que la educación sea la primera etapa de la desigualdad”, con unos requisitos “sangrantes” que no se habían “visto nunca” en la Comunitat.
