Con 609 días para resolver un expediente, 280 más que la media nacional, Andalucía se ha instalado en la cola de la gestión de las listas de espera de la Dependencia. Ni el plan para su reducción, firmado en mayo de 2021, ni la reforma del sistema aprobada el pasado mes de marzo, precisamente para simplificar y acelerar los tiempos en la tramitación, parecen haber tenido el impacto que se vaticinó por parte de la Junta de Andalucía. Mientras las organizaciones de mayores, el Consejo Andaluz de Trabajo Social, los sindicatos y la oposición hablan de “colapso” y “situación dramática” para referirse al estado actual de la dependencia en la comunidad, desde el Gobierno que dirige Juan Manuel Moreno se achacan los problemas a una necesidad de “tiempo y formación” para transitar hacia el nuevo modelo instaurado hace ocho meses y a la falta de financiación estatal, cifrando en 4.000 millones la deuda del Ejecutivo de España con la región desde 2019 en materia de dependencia.
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Malestar, ceses, renuncias y movilizaciones de los trabajadores y el sector
Los trabajadores sociales denuncian estar al límite. Desde el Consejo Andaluz de Trabajo Social se alerta de que el nuevo modelo duplica su trabajo, lo despersonaliza, al haber externalizado el sistema de cita previa y que, en lugar de incrementar su plantilla, la Junta aboga por la externalización de los servicios a través de convenios con los Ayuntamientos para que ellos subcontraten a quienes tengan que hacer las valoraciones. “Es una privatización encubierta”, dice su manifiesto.
Ese malestar se ha manifestado en forma de ceses y renuncias de las jefas del servicio de Valoración de Córdoba, Granada y Sevilla. CC OO ha denunciado que esta situación ha sido provocada por haberse opuesto a la petición verbal por parte de la administración de que se diera prioridad a los expedientes que llegaban por vía telemática que los que llevan años de espera. “Con el nuevo sistema informático, los expedientes antiguos no tienen acceso y se ha pedido que se resuelvan primero a través de una orden verbal, si hay una denuncia las responsables son ellas”, indican desde el sindicato, que ha organizado una concentración para visibilizar el empeoramiento de las condiciones laborales de la plantilla y una mejora en la calidad de la atención en las sedes provinciales de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía para el próximo 15 de octubre.
También desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), cuyos asociados gestionan muchos recursos para personas Dependientes, han anunciado movilizaciones para exigir a la Junta que incremente su aportación para sufragar los servicios concertados y no concertados y poder hacer frente al incremento salarial de la plantilla del 12% que entra en vigor el año que viene. “Sin esa aportación están en riesgo la prestación de muchos servicios”, advierte su presidenta Marta Castillo. Desde el Consejo Andaluz de Trabajo Social y CC OO se advierte de que la Junta pretende incrementar el cupo del usuario. Las fuentes de la Junta consultadas indican que se está dando formación a los profesionales para adaptarse al nuevo modelo y defienden que se va a mantener el diálogo con los trabajadores sociales “por ser clave para avanzar en el sistema de dependencia de Andalucía”.
