El diputado de Innovación Digital, Gobierno Abierto y
Contratación de la Diputación de Valladolid, David Esteban, y el diputado de
Transparencia y Gobierno Abierto, David de la Viuda, presentaron el Plan de
Responsabilidad Social Corporativa con el cual la institución pretende ir más
allá de las obligaciones legales y asumir una serie de compromisos que orienten
todas sus decisiones y actuaciones.
En este sentido, el Plan de Responsabilidad Social
Corporativa pretende ser un marco estratégico que proporcione orientación y
directrices claras para alinear todas las acciones y decisiones en torno a tres
ejes estratégicos: social, de buen gobierno y medioambiental. A su vez, se
encuentra plenamente orientado a la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas, para abordar desafíos globales como la
pobreza, la desigualdad, el cambio climático y la sostenibilidad.
Para conseguir estos objetivos, el Plan incluye 151 acciones
concretas. Por Áreas de trabajo de la Diputación, 45 acciones corresponden al
Área de Igualdad de Oportunidades y Servicios Sociales, 38 acciones se enmarcan
en el Área de Empleo, desarrollo Económico y Reto Demográfico, 27 corresponden
al Área de Innovación Digital, Gobierno Abierto y Contratación, 26 se ubican en
el Área de Asesoramiento y Cooperación y 15 corresponden al Área de Hacienda,
Personal y Régimen Interno.
Algunas acciones tienen un carácter transversal que hace que
se ubiquen en más de un eje de actuación. Además, está prevista una
monitorización y seguimiento permanente del cumplimiento de los objetivos
marcados a partir de los indicadores establecidos para cada una de las
acciones. Ello permitirá una permanente actualización del Plan e ir
introduciendo nuevas acciones a medida que se vayan cumpliendo las iniciales.
Las 93 acciones enmarcadas en el eje social van encaminadas
a mejorar la calidad de vida de la población, promoviendo la igualdad, la
inclusión y el acceso a servicios esenciales. Esto incluye desde programas de
apoyo a familias y comunidades hasta la promoción de actividades culturales y
deportivas que enriquezcan la vida de la ciudadanía.
En este eje se ubican actuaciones dirigidas a cuestiones
como la organización de actividades deportivas adaptadas para personas con
discapacidad; la promoción de la Educación Global para el Desarrollo Sostenible
en los centros educativos de la provincia; la extensión del Programa de Ayuda a
Familias al conjunto de la provincia; el desarrollo del Plan de Dinamización
Económica de la Mujer Rural; la adaptación de la oferta turística al turismo
accesible; la inclusión de criterios sociolaborales en los pliegos de
contratación; la inclusión de criterios sociales en las inversiones en los
municipios menores de 20.000 habitantes; o la realización de análisis de
impacto social y ambiental de los presupuestos provinciales.
El eje de buen gobierno centra sus 36 medidas en la gestión
transparente y eficiente de la Diputación, garantizando la integridad, la ética
y la rendición de cuentas en todas sus operaciones. Esto incluye la promoción
de prácticas de gobernanza responsable y la lucha contra la corrupción en todas
sus formas.
Entre estas medidas se encuentra el impulso de un Fondo
Provincial de Cooperación al Desarrollo con aportaciones de los municipios; la
elaboración de una Estrategia Provincial frente al Reto Demográfico; la
dinamización de procesos participativos y de encuentros participativos de
ámbito comarcal y provincial; o la puesta en marcha de un nuevo Portal de
Gobierno Abierto.
Por su parte, en torno al eje ambiental se articulan 36
medidas dirigidas a la preservación y protección del entorno natural de la
provincia. Esto implica la promoción de prácticas sostenibles en la gestión de
recursos, la reducción de la huella ambiental y la participación en iniciativas
de conservación y mejora del medio ambiente.
En este apartado se contemplan acciones como el impulso de
comunidades energéticas; el apoyo al comercio rural de proximidad; la
adaptación a la provincia de la Estrategia de Economía Circular de la Junta de
Castilla y León; la inclusión de criterios medioambientales en los Planes
Provinciales y la elaboración de guía informativa para los ayuntamientos; la
potenciación del compostaje doméstico y comunitario; o la renovación de la
flota de la Diputación con vehículos eléctricos y/o híbridos.
