Hace 25 años la sociedad española vivía, en general, una situación de creciente optimismo y autoestima. Con el Rey, y tras las presidencias de Suárez, Calvo-Sotelo González y Aznar, habíamos creado un modelo de transición política y de progreso económico admirado en el mundo. Estábamos integrados con nuestros aliados naturales en los organismos internacionales y en la OTAN. Manteníamos una fluida relación e influencia a través de las Cumbres Iberoamericanas, y al tiempo un vínculo trasatlántico con Norteamérica más fortalecido que nunca. Sosteníamos un equilibrio de relaciones desde el Magreb al Maqreb, y en el noroeste de África con respecto a Argelia y Marruecos. Manteníamos junto a Naciones Unidas el derecho a la organización de un referéndum para decidir el destino de nuestra antigua colonia del Sahara Occidental. Y al tiempo éramos aliados fiables en el Próximo y Medio Oriente para Israel, Líbano, Jordania y toda la península arábiga frente al terrorismo islamista y la letal influencia iraní.
Se había producido también el “segundo milagro español” con el cumplimiento de los criterios de convergencia nominal del Tratado de Maastricht, que sorprendió a nuestros socios europeos más reputados, garantizándonos la participación en la creación del euro, mientras ahora mantenemos un incumplimiento sistemático del Procedimiento de Déficit Excesivo. España ha pasado del superávit y la estabilidad presupuestaria al déficit público, a la necesidad de financiación y al incumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, llegando a alcanzar niveles críticos del -11,55% ó del -10,12%, en 2012 o 2020 respectivamente. Y situándonos en 2023 en el -3,64%, aun por encima del convenido -3%.
Hemos pasado en los últimos 20 años de ser la octava potencia económica del mundo a ocupar el puesto décimo sexto en el ranking mundial. O lo que es lo mismo, de estar en puertas de pertenecer al G-8 a ser una potencia económica de segundo orden. De tener en 2007 un peso del sector público que representaba el 35% del PIB, donde el protagonismo claramente lo tenía el sector privado, como es propio de una economía de mercado, a mantener un gasto público próximo al 50% del PIB.
De hecho, en 2020 llegamos a tener una caída del PIB del 10,9% -la mayor en términos reales desde la guerra civil- superior a la de nuestros vecinos. Y no hemos sido capaces de recuperar el PIB previo al Covid, hasta el segundo trimestre de 2023, cuatro años después.
España ha pasado de un nivel de deuda pública del 35% del PIB en 2007, a una deuda pública del 106,5% en 2024, muy superior al 60% que fija el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Y alcanzando hoy niveles récord de endeudamiento en términos absolutos y per cápita. España, desde su incorporación al club comunitario ha pasado de una convergencia real, a estar cada vez más lejos de la media comunitaria en renta per cápita, tanto en términos reales como en Paridad del Poder Adquisitivo. Hoy estamos por debajo del 90% de la media de nuestros socios. Y, por ende, convirtiéndonos nuevamente en potenciales demandantes de los Fondos de Cohesión, como sucedía antes de las sucesivas ampliaciones de la UE, cuando pasamos de los 15 Estados miembros de 2004 a los 27 actuales.
Se ha incrementado hasta el 26,5% el porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión social, situándonos sólo por detrás de Rumanía y Bulgaria. Para colmo se ha incrementado el esfuerzo fiscal, en un entorno persistente de endeudamiento que, lejos de plantearse cualquier reducción de gasto, persiste en subir impuestos.
Mientras, en el plano global y europeo estamos sin influencia. Más aislados y cerca de los Estados gamberros y los menos reputados de la comunidad internacional. Al tiempo que internamente, todo se intenta justificar con una corrosiva y divisiva Ley de Memoria, sedicentemente histórica o democrática, que mina la convivencia, cuestiona y erosiona las bases de nuestra Constitución, las instituciones y la propia convivencia ciudadana.
Javier Morillas. Catedrático de Economía Aplicada
Javier Rodríguez Luengo. Centro de Economía Política y Regulación. Universidad CEU San Pablo
