La reapertura del curso político tiene un horizonte pleno de frentes abiertos, choques más que previstos y evidentes signos de violencia dialéctica que irán a más a medida que el Gobierno se vea incapaz de sacar adelante sus propuestas económicas y los retos que se le han echado encima como un corrimiento de tierras. La crisis migratoria, las dudas sobre la lealtad de sus socios -incluido el de referencia, Sumar-, la inflación que no termina de dar un respiro, la jornada laboral de 37,5 horas -que ha encallado por la más que comprensible negativa patronal a una implantación generalizada y a que deban soportar todos los incrementos de costes-, el capítulo final de la reforma del despido o de la la ley de vivienda, lidiar a corto plazo con el traspaso de las competencias de Rodalies a la Generalitat catalana, esa ley de industria que sigue en el aire, el abandono al que el Gobierno ha sometido al sector primario -que sigue afrontando sin soluciones las recurrentes crisis derivadas de factores como el cambio climático, la falta de relevo generacional o la sequía- o las dos de las eternas tareas pendientes: una reforma fiscal real y en profundidad y la reforma del sistema de financiación autonómica.
Y sobre esa última girará la controvertida “financiación singular” de Cataluña, que no sólo tiene enfrente a los partidos de la oposición, comandados por el PP, sino también a los pocos barones socialistas que le quedan a Pedro Sánchez y que van a exigir algo más que pedagogía política y legal para tragar con ese hueso y no plantarse ante esta nueva tragadera con las fuerzas independentistas, a las que ya no les vale el acuerdo rubricado por el tripartido en 2009 y exigen controlar todos sus impuestos. “Recaudar los impuestos de los catalanes y para los catalanes al margen del resto”, que reza el “plan puigdemoniano”.
Junts, en primera instancia, y ERC, en cuanto pueda, con el apoyo no explícito (todavía) de Illa y el PSOE, quieren dejar en el olvido el acuerdo al que se llegó durante el Gobierno de Zapatero. Aquel acuerdo basado en el Estatut, contó con todos los apoyos posibles -incluso con la abstención del PP- y recibió el apoyo incondicional del gobierno tripartito de Montilla (PSOE-ERC-ICV). Lo rubricó el conseller de Economía en ese momento, Antoni Castells, que celebró que por fin se cumplía “estrictamente” lo aprobado en el Estatut con un cambio de modelo que recogía “todas nuestras necesidades y reclamaciones”.
Quince años después, las fuerzas independentistas cambian las reglas del juego y no se conforman con el trozo solidario del pastel recaudatorio, quieren la tarta entera y comérsela ellos. Y el Gobierno socialista, por sus necesidades parlamentarias, ha abierto ahora la puerta a esa posibilidad, aunque sigue sin concretar la fórmula para llevarla a cabo. Si nos atenemos a lo que ha defendido hasta ahora el propio Salvador Illa, lo firmado en 2009 le valdría, ya que quiere una financiación sujeta a la literalidad del Estatut, incluida la creación de un “consorcio paritario” entre la Agencia Tributaria española y la Agencia Tributaria de Cataluña, que “se puede transformar en la Administración Tributaria de Cataluña”. Eso fue lo que defendió durante su campaña electoral. Estatut, Estatut y Estatut.
Las intenciones de sus “jefes” capitalinos no se conocen a ciencia cierta más allá de que María Jesús Montero haya reconocido esa “financiación singular” y el presidente del Gobierno haya apostado por un “sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral”. Vamos, propuestas difusas y sin concretar que ni siquiera ellos mismos saben dónde van a llegar ni lo que van a provocar.
