El voto en contra del Partido Popular a que se admita a trámite la reforma de la ley de extranjería, sumado al esperado no de Junts y de Vox, no solo bloquea una vía que habría permitido el reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados a otras comunidades autónomas. Además, contribuye a colocar en una encrucijada el pacto que sustenta el Gobierno canario, integrado desde hace un año por Coalición Canaria y el propio PP, que ha sido una de las fuerzas que ha vetado la admisión a trámite pese a pertenecer al Ejecutivo que la ha impulsado. Sin embargo, los portavoces de ambas formaciones afirman en público y en privado que el pacto no peligra y responsabilizaron de la situación a las fricciones políticas en el Congreso, que han imposibilitado un acuerdo. Una eventual ruptura, con todo, no sería un hecho aislado en las islas: en tres de las últimas cinco legislaturas, Coalición Canaria ha terminado gobernando en minoría.
