La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha convertido en el enemigo a batir por ese cosmos político que hemos dado en llamar el «sanchismo», sin duda, porque el discurso de la líder popular madrileña es una enmienda a la totalidad de un relato gubernamental cambiante, contradictorio y, por lo tanto, carente de la fuerza dialéctica de toda confrontación política.
Así se desprende, al menos, de la extensa entrevista que ha mantenido LA RAZÓN con la presidenta Ayuso, en la que se repasan los principales asuntos de actualidad que afectan a los españoles en esta vuelta de las vacaciones de verano. Parte, por supuesto, la señora Ayuso con una ventaja incontestable a la hora de enfrentarse al Gobierno, la que supone gobernar la comunidad autónoma española con los mejores índices socio económicos, la presión fiscal más baja y un crecimiento sostenido de la población, a la que se debe asegurar los niveles de bienestar que garantizan nuestra Constitución.
La fórmula, es sabido, prima la defensa de la libertad de los ciudadanos, la independencia empresarial y la supresión de las barreras burocráticas sobre el modelo dirigista de la izquierda, con un exceso de intervencionismo en todos los aspectos de la vida pública, empeño que no es fácil de mantener, como reconoce la propia Ayuso, porque Madrid, como el resto de las regiones, está sujeta a la normativa estatal y, en consecuencia, a las decisiones del Gobierno central en materias tan determinantes como la financiación pública, la legislación laboral, la inmigración o las políticas de transporte y comunicaciones.
Y, ahí, es donde la presidenta madrileña mantiene su principal línea de batalla con el sanchismo. Pero no desde la reclamación de una «singularidad» al estilo de los nacionalismos periféricos, sino desde la exigencia de la asunción de la igualdad ante la ley de todos los españoles, sin importar su lugar de residencia o la ideología gobernante, y, esencialmente, desde el respeto a las libertades públicas e individuales de los ciudadanos.
Se hace, pues, inevitable el choque con unos planteamientos ideológicos que, desde el mercado inmobiliario a las normativas de salud pública; desde la libertad de comercio hasta la gestión del sector agropecuario, están en las antípodas del modelo liberal que defiende y aplica, en lo posible, el gobierno de la Comunidad de Madrid. En defensa de la presidenta Ayuso hay que reconocer la coherencia en el tiempo y en la práctica de sus convicciones y de su manera de entender la gestión pública –respaldadas por una mayoría absoluta en las urnas–, frente a los bandazos del Ejecutivo de Pedro Sánchez, a quien, con cierta vehemencia, todo hay que decirlo, Ayuso atribuye la colaboración con un «golpe» de los nacionalistas contra el Estado, que se sustanciará en un referéndum de autodeterminación, contra el que Madrid estará en primera línea.
