La gestión que realizó la excaldesa de Móstoles, Noelia Posse, al frente del Ayuntamiento, empieza a pasar factura a la ahora portavoz del PSOE en el Consistorio. El Juzgado de lo Social número 1 de la localidad del sur ha emitido una sentencia en la que condena a Noelia Pose a pagar 7.501 euros de su bolsillo a cada una de las dos trabajadoras del Ayuntamiento que la denunciaron tanto a la regidora como al Ayuntamiento por «acoso laboral» y reclamaban 100.000 euros de indemnización.
El juez considera que Posse ha «vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva» de las dos trabajadoras municipales y fija una indemnización que suma 15.000 euros «por daños morales», tal y como expone la sentencia a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.
En el fallo judicial se absuelve expresamente al Ayuntamiento de la localidad, por lo que será la exalcaldesa la que tendrá que afrontar el pago de su bolsillo de los 7.501 euros a cada empleada, aunque aún cabe la posibilidad de recurrir el fallo judicial.
Las trabajadoras municipales presentaron una demanda contra la exalcaldesa de Móstoles después de alegar que en mayo de 2021, cuando Posse ejercía como alcaldesa, fueron apartadas de su cargo como secretarias en las concejalías de Recursos Humanos y Servicios Sociales y Mayores de forma «arbitraria e injusta» y relegadas a su puesto anterior de auxiliares administrativas, lo que suponía percibir 330,98 euros menos en uno de los casos y 252,24 euros en el otro.
Según expusieron las demandantes, la decisión de apartarlas forma parte de «una represalia» por participar en una asamblea de afiliados de UGT el 6 de mayo de 2021 para debatir y votar la continuidad del sindicato en el proceso de negociación con el Ayuntamiento de Móstoles sobre el proceso de consolidación y estabilización de empleo.
Las dos demandantes intervinieron en la asamblea, mostrando su disconformidad con la continuidad de la negociación por el sindicato UGT. Poco después, la concejala de Derechos Sociales y Mayores del Ayuntamiento de Móstoles y el concejal de Recursos Humanos, de los que dependían las trabajadoras municipales, recibían una llamada de Alcaldía en la que se les pedía que ambas fueran cesadas para que volvieran a sus anteriores puestos de auxiliares administrativas. La misma alcaldesa exigió personalmente el cese a los dos concejales, ya que éstos, se negaron en un principio a ejecutarlo.
La orden de cese se dio el 7 y el 10 de Mayo de 2021, cuando el 6 de mayo se había celebrado la asamblea de afiliados de UGT en cuestión.
El juez da por bueno que la medida es fruto de una represalia de la exalcaldesa: «La inmediatez en el cese citado de las dos demandantes tiene su fundamento en el ánimo de represalia de la ex Alcaldesa del Ayuntamiento de Móstoles al tener conocimiento de la participación de las dos demandantes en la citada asamblea de 6 de Mayo de 2021, no constando que se dictasen decretos en la misma fecha que afectasen a otras trabajadoras/es», expone la sentencia.
En el fallo judicial también se aprecia que las alegaciones realizadas por la exalcaldesa «no hay una justificación objetiva para los ceses acordados por decreto de 10 de Mayo de 2021».
Es por esto por lo que el juez considera que la exalcaldesa socialista «vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de garantía de indemnidad» ya que las dos trabajadoras relegadas de sus puestos de secretarias de dos concejalías no pueden volver a sus puestos por que son cargos «temporales y transitorios».
La gestión de Posse al frente de la Alcaldía de Móstoles le está causando también graves perjuicios económicos a nivel personal ya que, por otra parte, el Tribunal de Cuentas decidido embargar sus bienes a la ex regidora, a ocho concejales y al tesorero del Ayuntamiento por valor de 667.132,02 euros, por el «caso ITV» como medida cautelar hasta que se celebre un juicio contable por perdonar presuntamente la deuda a una ITV de la localidad. El caso está en los tribunales también en la vía penal a la espera de juicio.
