La exalcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, y su antiguo equipo de gobierno, ahora cinco de ellos concejales que forman parte del Grupo Socialista, tendrán que dimitir después de que el Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles haya abierto juicio oral por un presunto caso de prevaricación y malversación.
El asunto está relacionado con el «caso ITV», por el que presuntamente se perdonaron 2,5 millones en tasas municipales a una ITV. En un primer momento, el caso quedó sobreseído al determinar la jueza instructora que no había delito de malversación y prevaricación, pero el caso se reabrió después de que Más Madrid y la Fiscalía interpusieran un recurso de apelación contra la sentencia del juzgado número 1.
La apertura de juicio pone al PSOE de la segunda ciudad más grande de Madrid al borde de una de las peores crisis que haya tenido nunca. Es más, el asunto obligaría al secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, a tirar de bisturí con cinco de los siete concejales del PSOE que hoy componen el Grupo municipal socialista en el Ayuntamiento y que, además, forman parte de la ejecutiva del partido en esta localidad. Lobato se vería obligado a aplicar el código ético del PSOE, que conlleva la expulsión del partido de Noelia Posse, concejala y presidenta de la Agrupación Socialista de Móstoles; Álex Martín, concejal y secretario general; David Muñoz, concejal y secretario de Organización; Marisa Ruiz, concejala y secretaria de Estrategia, Programas y Acción electoral y Rebeca Prieto, concejala y secretaria de Empleo, Programas y Acción Electoral en el partido. Y es que el artículo 90 de los estatutos federales impone la suspensión cautelar de los militantes a los que se abra juicio oral por corrupción. Así las cosas, la Ejecutiva del partido en Móstoles se vería descabezada y desaparecería el grupo municipal al quedarse el Grupo Socialista solo con dos concejales.
A nivel municipal, si los afectados son expulsados del partido y no renuncian a sus actas como concejales, podrían pasar al Grupo Mixto y convertirse en tránsfugas.
Tal y como expone el auto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, El juez también requiere a los acusados que de forma conjunta y solidariamente en el plazo de un día aporten una fianza de 817.453,94 euros de manera solidaria “para asegurar las responsabilidades pecuniarias”.
