El Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha gastado al menos 100 millones de euros desde que Isabel Díaz Ayuso llegó al poder (agosto de 2019) en premiar que los privados que gestionan los servicios no asistenciales de siete hospitales públicos de la región amplíen oferta médica e instalaciones en esos centros. Según la oposición, ese sistema de pagos en constante revisión que recoge el acuerdo de gestión mixta que une a las dos partes penaliza a la sanidad pública pura, que no tiene esa capacidad de decisión y financiación, e imposibilita saber cuánto dinero público costará una de las patas del modelo elegido por la presidenta Esperanza Aguirre (2003-2012) para ampliar la red hospitalaria. Así, la baronesa apostó por el modelo PFI (iniciativa de financiación privada, por sus siglas en inglés): una empresa corre con los gastos de construir el hospital; gestiona únicamente los servicios no sanitarios; y Madrid paga por usar el edificio 30 años, tras lo cual lo recupera (en 2035). En medio, los concesionarios pueden reclamar a la Administración si consideran que el equilibrio económico del negocio se ha perdido. El último ejemplo se produjo en el consejo de Gobierno con el que Díaz Ayuso dio por comenzado el verano (24 de julio): el hospital del Sureste (Arganda del Rey) y el Infanta Leonor (Vallecas) se repartieron 30 millones.
