Hace ahora 50 años que, al calor de la reforma del sistema de seguridad social, Marc Lalonde, por aquel entonces ministro de Sanidad canadiense, encargó a un grupo de epidemiólogos una investigación sobre las causas de muerte en su país. El resultado, bautizado en su honor como Informe Lalonde, hizo temblar los pilares de las políticas sanitarias del mundo entero al revelar que la mortalidad de la población estaba más condicionada por factores ambientales y estilos de vida que por la biología y la atención sanitaria recibida.
Medio siglo después del Informe Lalonde, la literatura científica se ha plagado de ejemplos de cómo los llamados determinantes sociales de la salud condicionan nuestro riesgo de enfermar e incluso de qué enfermamos en concreto. Nuestro género, raza, nivel económico o educativo, entre otros factores, condicionan fuertemente nuestros hábitos de vida y nuestra forma de acceso al sistema sanitario y, con ello, nuestra salud y esperanza de vida.
El riesgo de padecer obesidad se llega a triplicar, por ejemplo, en caso de estar desempleado y tener bajos ingresos; el de ser fumador se multiplica si se convive con fumadores; el de padecer diabetes o cáncer se incrementa entre quienes viven lejos de zonas verdes… La evidencia científica nos dice, hace ya décadas, que la enfermedad no se distribuye de forma igualitaria entre la población y que, por tanto, si queremos reducir las desigualdades en salud debemos actuar atendiendo a esos determinantes sociales de la salud para detectar y proteger a aquellas personas especialmente vulnerables.
Conscientes de ello creamos junto a 14 organizaciones del Tercer Sector el Consejo Asesor Social de la Profesión Farmacéutica. Y lanzamos hace ahora tres años la Estrategia Social de la Profesión Farmacéutica, una hoja de ruta basada en los Objetivos de la Agenda 2030 que aspira a aprovechar todo el potencial de la profesión y, en especial, de la farmacia comunitaria, para reducir inequidades en salud.
Y es que, las más de 22.200 farmacias por las que pasan cada día 2,3 millones de personas, más del doble que por los centros de salud, y los 56.000 farmacéuticos comunitarios, con frecuencia los únicos profesionales sanitarios disponibles en la localidad, se han consolidado como el recurso sanitario más cercano y accesible en nuestro país y, por tanto, en el mejor radar social de vulnerabilidades.
En el marco de esta estrategia, estamos empeñados en convertir a la red de farmacias comunitarias en una red de impacto social positivo en todo nuestro país. Hemos liderado para ello algunos proyectos de los que nos sentimos especialmente orgullosos, como el protocolo del Proyecto de Farmacia Comunitaria Rural que firmamos el pasado año junto a tres ministerios y el programa de Escuelas Rurales de Salud que promovimos en Castilla y León junto al consejo autonómico y los colegios de farmacéuticos provinciales. Ambos contribuyen a fortalecer la farmacia rural y fijar población en nuestros pueblos, ayudando a que el lugar de residencia no sea una fuente de desigualdad en salud.
O también, la campaña de sensibilización sobre salud de la mujer dirigida a profesionales y población que incide en las diferencias de sexo y género en salud. O el protocolo de actuación de la farmacia comunitaria ante la violencia de género que hemos desarrollado y que se suma a otras iniciativas locales, como Mascarilla-19, para detectar casos de violencia de género y configurar las farmacias como espacios seguros para la mujer, con el objetivo común final de crear una red nacional de farmacias contra la violencia de género.
[[QUOTE:PULL|||La evidencia dice que la enfermedad no se distribuye igualitariamente ]]
La cercanía y confianza de la población en su farmacéutico convierte a la farmacia comunitaria en un aliado estratégico también en la lucha contra la soledad no deseada, que es ya otro importante determinante social con efectos sobre la salud física y mental de la población. Por eso hemos firmado también un protocolo general con el Imserso para configurar la Red de farmacias contra la soledad no deseada, que tiene como principal objetivo la información, prevención y detección precoz de estas situaciones.
La campaña de sensibilización «Cada minuto cuenta» que hemos puesto en marcha muy recientemente junto al Centro Nacional de Desaparecidos para concienciar a población y profesionales es otro importante ejemplo de cómo la capilaridad y cercanía de la red de farmacias la convierte en un recurso idóneo ante situaciones de vulnerabilidad social.
Cincuenta años después de que el informe Lalonde dejara intuir que las desigualdades en salud se combaten desde lo social y desde los estilos de vida, éstos son sólo algunos ejemplos de la amplia batería de iniciativas sociales, locales y nacionales, que está desarrollando en esa línea la profesión farmacéutica en España. Iniciativas desarrolladas en la comprensión de que una farmacia más social, más asistencial y más integrada en nuestras estructuras de vigilancia, educación y salud pública nos permitirá construir también un sistema sanitario más accesible y más equitativo. En la comprensión de que la farmacia es ya la mejor aliada contra las desigualdades en salud.
