Una década y media parece tiempo más que suficiente para que las fuerzas políticas, especialmente, las dos mayoritarias, el PP y PSOE, hubieran abordado la reforma del sistema de financiación autonómica, que presenta unas desigualdades territoriales que, inevitablemente, acaban percibiéndose como agravios comparativos por los ciudadanos. Sin embargo, parece más cómodo utilizar como arma arrojadiza contra el adversario político el reparto de fondos entre comunidades autónomas que ponerse de acuerdo para llegar a un gran pacto de Estado que busque el mayor equilibrio posible.
Ciertamente, el empeño de las fuerzas nacionalistas a la hora de territorializar las cuentas –las llamadas «balanzas fiscales»–, sobre las que sustentar supuestas demandas históricas que no se sostienen, hacen olvidar a la opinión pública un principio tan elemental como que no son los territorios los que pagan los impuestos, sino los ciudadanos que viven en ellos.
Aun así, casos como el de la Comunidad de Madrid, que es la región con mayor capacidad fiscal de España, la que más aporta a la «caja única» autonómica y la que menos retorno recibe, hacen muy difícil cambiar esa percepción de trato injusto que empieza a anidar entre los madrileños del común, por más que sean, en términos de financiación por habitante, Murcia, Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha, por este orden, las regiones peor financiadas en el conjunto de España, frente a La Rioja, Cantabria, Baleares y Extremadura, y también, Cataluña, que se encuentran a la cabeza en financiación por habitante ajustado.
Son muchos los factores que explican esta situación, entre los que se encuentran las características físicas de los territorios, la densidad de población, su dispersión y nivel de envejecimiento, pero hay otros de carácter dinámico que, como cualquiera puede comprender, no han sido tenidos en cuenta en los largos quince años transcurridos sin reformar el sistema. En esta disyuntiva, la acordada cesión del «cupo catalán» por parte del PSOE a cambio de la presidencia de la Generalitat, no hará más que tensionar un sistema de reparto ya muy tensionado.
La solución, quizás un parche temporal, sería la creación de un fondo transitorio de nivelación para cubrir los déficits de las comunidades más infra financiadas, pero no parece que sea una tarea urgente para nuestros Gobierno, más preocupado por mantener los votos que garanticen su legislatura que en afrontar, desde el consenso político con el principal partido de la oposición, por cierto, ganador de las últimas elecciones, los graves desafíos que afronta nuestro modelo autonómico. Porque la vía de seguir incrementando la presión fiscal a empresas y trabajadores, conduce siempre al mismo final: la destrucción del tejido productivo y la necesidad de afrontar un mayor gasto social.
