El modelo laboral de Glovo, que opera mediante falsos autónomos, “constituye una práctica que no autoriza la legislación laboral y que menoscaba y suprime los derechos que aquella reconoce a los trabajadores por cuenta ajena”. Además, considera “indiscutible” que los riders son empleados por cuenta ajena, en vez de propia. Así de contundente se expresa la Fiscalía Provincial de Barcelona en la denuncia que presenta contra Oscar Pierre, consejero delegado y cofundador de la compañía de reparto, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. El ministerio público acusa a Pierre de un delito contra los derechos de los trabajadores en base al artículo 311 del Código Penal, que castiga con penas de prisión de seis meses a seis años y multa de seis a 12 meses a “los que impongan condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantengan en contra de requerimiento o sanción administrativa”.
La Fiscalía acusa al consejero delegado de Glovo de “menoscabar y suprimir” los derechos laborales de sus repartidores
