Un informe elaborado por el Instituto de Estudios de Autogobierno (IEA) de la Generalitat apuesta por exigir el nivel C1 de catalán a los jueces y abogados que ejerzan en Cataluña, así como más competencias en materia de justicia y una financiación singular.
Esta propuesta forma parte del informe jurídico «Análisis sobre el margen del que dispone la Generalitat de Cataluña para desplegar las competencias estatutarias en el ámbito de la Administración de justicia», que presentaron ayer el director del IEA, Joan Ridao, y la consellera de Justicia, Derechos y Memoria en funciones, Gemma Ubasart.
Los autores del informe, Joan Ridao, el jefe del área de asesoramiento del IEA, Gerard Martín, y el ex responsable de iniciativas autonómicas del IEA, Sergi Morales, describieron en la presencia del catalán dentro de la Administración como «testimonial» y consideraron «imprescindible» regular su uso, que actualmente es minoritario, aunque en las disposiciones legales se permiten ambas lenguas oficiales.
En su propuesta consideran que el nivel de conocimiento que se debería exigir a los servidores públicos para considerarlos «aptos» para el desarrollo de su tarea en Cataluña tiene que ser un C1, que habría de acreditarse mediante la certificación oficial expedida por el organismo competente de la comunidad autónoma.
La consellera destacó el uso irrisorio del catalán en la administración de justicia, con tan solo un 5 % de las demandas redactadas en esta lengua, y menos del 7 % de las sentencias.
El informe también concluye que la Generalitat dispone de un amplio margen para ampliar su actuación, aunque evidencia una falta importante de recursos financieros.
Ubasart insistió en que es «evidente» que Cataluña «quiere y puede» tener más poder en materia judicial, «de igual manera que quiere y puede tener más competencias para construir el autogobierno».
La consellera en funciones denunció que la enorme fragmentación competencial del sistema judicial afecta a la calidad de las funciones de la Administración, y que es necesario dibujar «escenarios transitables», que pueden pasar por una reforma constitucional o de la ley orgánica del Poder Judicial.
Ridao reclamó que, mientras la Generalitat no disponga de un sistema de financiación singular, es imprescindible que el Estado transfiera recursos económicos suficientes para desplegar las competencias asumidas en el Estatuto, como la gestión del personal o las oficinas judiciales.
Por ello también propusieron la creación del Consejo de Justicia de Cataluña, que conciben como un instrumento para acercarse al modelo territorial de autogobierno descentralizado.
Según explicaron, a este nuevo órgano le podrían atribuir las funciones previstas en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, no consideradas inconstitucionales, las ejercidas por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, aquellas que pudiese delegar el Consejo General del Poder Judicial y las correspondientes al ámbito de la colaboración y relaciones institucionales con la Generalitat.
Ubasart también lamentó que se haya ido construyendo lo que ha calificado de Estado compuesto, que a su juicio lo hace peculiar, y en el que «se descentralizó el poder ejecutivo y legislativo».
