La llegada a la presidencia catalana de Salvador Illa obliga a situar un organismo de la Generalitat en el centro de las negociaciones políticas con el Gobierno central. Es la Agencia Tributaria de Cataluña que, de acuerdo con el pacto cerrado con ERC para permitir la investidura, debe convertirse en la encargada de recaudar en el futuro todos los impuestos que se pagan en la comunidad autónoma, el mayor salto de soberanía del Gobierno catalán desde la aprobación del Estatut. Puesta en marcha en 2007 y redimensionada hace diez años, la ATC logró sus mejores resultados en 2021, cuando logró aflorar 338 millones de euros de fraude fiscal. Sin embargo, esa capacidad se ha reducido paulatinamente en dos años, situando la cifra en los 286 millones en 2023. La reducción del 15,5% se produce pese a un aumento considerable de plantilla y de las actuaciones practicadas. El volumen de multas impuestas por tratar de engañar a Hacienda rozó los 28 millones de euros.
