El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán, ha alertado de las consecuencias que puede traer consigo el registro de sanitarios objetores al aborto que ultima la ministra de Sanidad, Mónica García. «La objeción de conciencia es un derecho fundamental de toda persona y los registros pueden ser ambivalentes», compartió el portavoz episcopal en la rueda de prensa con motivo de la Comisión Permanente celebrada la semana pasada en Madrid. «Si es para tutelar ese derecho fundamental a la objeción de conciencia», el obispo lo respalda. Sin embargo, explicitó que, «si sirve para estar fichado y controlado a esos médicos y enfermeras, es muy grave».
Al hilo de esta cuestión, García Magán respaldó al Papa Francisco, que en el vuelo de regreso de Bélgica y Luxemburgo del pasado domingo, aseguró que el aborto es «un homicidio» y los médicos que lo practican pueden considerarse «unos sicarios». «Es una forma suya fuerte de expresar la que es la Doctrina de la Iglesia», defendió el también obispo auxiliar de Toledo. En este sentido, recordó que «la defensa de la vida humana es un pack y no podemos trocearlo: en su momento inicial, un momento final, pero también el momento intermedio, esto es, tener acceso, por ejemplo, a una sanidad digna».
En la rueda de prensa también se abordó la decisión de Moncloa de eliminar el delito de ofensas a los sentimientos religiosos. García Magán denunció que se protejan determinados derechos mientras que otros «queden reducidos a la nada». Con este punto de partida alertó de que, lo mismo católicos que budistas, se podrán ver afectados «por un proceso de indefensión».
En otro orden de cosas, el secretario general reivindicó el trabajo que ha iniciado la comisión asesora de 11 expertos que será la encargada de determinar la reparación integral para las víctimas de abuso cuyo caso ha prescrito o el abusador ha fallecido. García Magán confirmó que dejarán «trabajar en libertad» para concretar «la baremación» económica que recibirán. A la par ha salido al paso del reciente comentario lanzado por Francisco que valoró como «demasiado poco los 50.000 euros de indemnización civil que, al parecer, perciben las víctimas en Bélgica. «Si el Papa ha dicho esa opinión, bueno, pues ahí está», apuntó.
Preguntado por la denuncia presentada la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por víctimas de abusos porque sus datos personales hubieran quedado al descubierto en la web de la Conferencia Episcopal, el portavoz de los obispos aseguró que «no ha llegado ninguna notificación sobre ese asunto». «Se le ha dado la información que se ha requerido y no hemos tenido ulterior comunicación», detalló, consciente de que «está decidiéndose si es responsabilidad de la Conferencia Episcopal o de otra instancia».
Sobre el acto reparación a las víctimas que presidirá el cardenal José Cobo en la catedral de la Almudena de Madrid el próximo día 21, el portavoz de los obispos confirmó que la Conferencia Episcopal organizará otro de similares características. «Es posible que se trate en la Asamblea Plenaria de noviembre», avanzó el portavoz.
En relación a la demanda de desahucio interpuesta por el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, contra las clarisas cismáticas del convento de Belorado, García Magán explicó que «la posición de la Conferencia Episcopal es el apoyo a la labor muy loable y de mucha paciencia, más que el santo Job, del arzobispo».
Por otro lado, el portavoz de los obispos aseguró que «las terapias de conversión son rechazables porque lo ha indicado la Santa Sede» tras las denuncias presentadas por varias víctimas vinculadas a personal de colegios de la Archidiócesis de Valencia y al Centro de Orientación Familiar.
Además, García Magán manifestó el «gran interés» de los obispos para que se materialice el posible viaje de Francisco a las islas Canarias. El secretario general desveló que «los obispos han escrito de nuevo al Papa para darle las gracias por hacer esas referencias que ha hecho a la crisis migratoria en Canarias y le han reiterado la invitación y el interés porque venga».
