La masificación turística que se está produciendo este verano se ha convertido en el pretexto perfecto para que la izquierda radical que marca los tiempos en España junto con los independentistas ponga en marcha una de las habilidades que más ha perfeccionado con el paso de los tiempos: la de prohibir. Allá donde gobiernan o donde opositan, no hay día en que Sumar, Podemos, Más Madrid, otros partidos sucedáneos e incluso algunos miembros del PSOE no se descuelguen con la propuesta o la exigencia de vetos de algún tipo que limitan la actividad económica o la esfera individual de actuación de los ciudadanos con el argumento de la búsqueda de su bienestar. En unas declaraciones que justifican por sí solas el hundimiento de Podemos, Ione Belarra –a la queda un telediario para seguir viviendo a costa de la política–, sostiene que «las ciudades son para vivir» y «no son para los turistas», insistiendo en que hay que «dejar atrás el modelo de Starbucks y hay que apostar más por churros Aranda», en alusión a la afluencia de visitantes a Málaga. Curiosa la súbita preocupación por la suerte de los comercios locales por parte de un partido que apostó por su cierre y consecuente ruina en la segunda y posteriores olas de la pandemia de Covid-19, al tiempo que denostaba a Isabel Díaz Ayuso por abrirlos en Madrid mientras la curva de contagios descendía en esta comunidad y crecía allí donde se mantenían aún las puertas clausuradas.
La apetencia por la prohibición que se exacerba ahora con el intento incluso de matar la gallina de los huevos de oro del turismo, el motor económico del país ante su desindustrialización y su declive tecnológico, es tónica común de la ultraizquierda en numerosas actividades, sin ofrecer nunca a cambio alternativas para los damnificados por el veto. ¿A qué se dedicará la hostelería, por ejemplo, en zonas en las que se limite o prohíba la visita de turistas? ¿Se han preguntado el Gobierno y sus socios ultra por las razones de fondo que han disparado la apertura de pisos vacacionales por parte de sus propietarios? Las prohibiciones de la izquierda radical se extienden a todas las esferas políticas y hasta jurídicas. Junto con Pedro Sánchez, defienden ahora acotar la libertad de expresión para blindar así las actuaciones del poder, de la misma forma que en el pasado han acometido injerencias en el cuidado de las mascotas con la ley de bienestar animal o intentan ahora reducir el consumo de cigarrillos y dispositivos electrónicos sin acompañar la medida de una inversión suficiente para, por ejemplo, multiplicar las unidades de deshabituación tabáquica en la Sanidad pública que puedan ayudar al fumador a abandonar un hábito que es consentido por el Estado. También es patrimonio de esta facción ideológica fulminar el uso de vehículos de combustión sin multiplicar al mismo tiempo los puntos de recarga para los coches eléctricos ni favorecer una fiscalidad efectiva para los mismos que abarate su disparatado precio. El resultado es que el que no tenga dinero se quedará sin modo de transporte particular. En este punto no hay que perder de vista la propuesta de crear ciudades de 15 minutos que dibuja la Agenda 2030 y que con tanto ahínco defienden los ultras de izquierda. Ciudades, en definitiva, con habitantes recluidos y más fácilmente controlables.
