El juez federal Sebastián Casanello ordenó este lunes al ministerio de Capital Humano que en un plazo de 72 horas entregue un detalle de los alimentos retenidos y proceda “de inmediato” a su distribución a los comedores comunitarios. El magistrado apoyó su fallo en las estadísticas que sitúan en la pobreza a más de la mitad de la población en Argentina.
“De cara a ese colectivo que sufre de modo acuciante inseguridad alimentaria y sobre quien pesa el costo de la parálisis denunciada, aparece la necesidad de la adopción urgente de una acción positiva”, sostuvo. La decisión se enmarca en una causa judicial iniciada en febrero tras las protestas de organizaciones sociales críticas con el gobierno, tras la interrupción en la provisión de alimentos a sus comedores comunitarios en diciembre pasado cuando el ministerio inició una auditoría.
Según la orden judicial citada por la prensa local, el juez ordenó al Gobierno que establezca “un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato”. La orden judicial llega en un contexto de inflación del 289,4 % anual y con un nivel de pobreza que alcanza casi a la mitad de la población.
La Iglesia católica pidió ayer el reparto. “Nos hemos enterado que existen dos depósitos de alimentos en el ministerio de Desarrollo Social (actual ministerio de Capital Humano) que tienen cinco millones de kilos de alimentos guardados (…), en un tiempo de emergencia alimentaria esto debe llamarnos a la reflexión, rápidamente tienen que ser entregados”, había dicho el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Oscar Ojea, en un video difundido por el Episcopado.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, anunció este lunes en conferencia de prensa que el Gobierno de Javier Mieli “apelará” la orden judicial. “Es una cuestión de política pública”, adujo. Consultado sobre las razones por las cuales el gobierno acopia esos alimentos, Adorni indicó que se trata “de reservas preventivas para emergencias o catástrofes” y aseguró que “no hay un solo alimento que se vaya a tirar a la basura”.
El Gobierno se refiere a estos comedores como “comedores fantasma”. Según dijo el jefe de gabinete, Nicolás Posse, en una exposición ante el Congreso, los resultados de la auditoría revelaron que “casi el 50% de los comedores no existían”. De acuerdo a las organizaciones, hay unos 45.000 comedores comunitarios en todo el país, pero una cantidad no precisada dejó de funcionar al interrumpirse la provisión que recibían del Estado, mientras otros funcionan gracias a donaciones privadas.
Según informó Capital Humano hoy, de las 5.000 toneladas que se encuentran en los galpones, el 60 % -más de 3.000 toneladas- corresponde a paquetes de yerba mate pertenecientes a una contratación irregular de la administración anterior, que se encuentra bajo auditoría.
